<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, deberá comparecer el próximo 10 de diciembre ante el Congreso para hablar sobre el futuro del Sáhara Occidental tras la última resolución de la ONU, que avala la propuesta de autonomía marroquí pero no elimina el derecho a la autodeterminación.</strong></h4> La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido este martes citar a Albares para el 10 de diciembre, en respuesta a una petición de Bildu en la que se insta al ministro a “exponer la posición del Gobierno acerca de las resoluciones adoptadas por la ONU relativas al Sáhara Occidental y la implicación de las mismas sobre la ocupación marroquí y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui”. El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución, con once votos a favor, tres abstenciones (Rusia, China y Pakistán) y ninguno en contra, en la que se exige “una solución política definitiva y mutuamente aceptable”, se pide a las partes que “presenten ideas para apoyar una solución definitiva mutuamente aceptable”, se califica la propuesta de autonomía del Sáhara como “la solución más viable" y, al mismo tiempo, se defiende “la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. Pese a que la resolución (que renueva el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, hasta el 31 de octubre de 2026) no reconoce expresamente la soberanía marroquí sobre el territorio y no elimina el derecho a la autodeterminación, Marruecos ha calificado esta resolución de “victoria histórica”. El pasado 1 de noviembre, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, registró una Proposición no de Ley en el Congreso en la que insta al Ejecutivo a “reafirmar el compromiso con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como establecen las resoluciones de Naciones Unidas, exigiendo al Gobierno de España una política exterior alineada con dichos principios y con el Derecho Internacional”. Asimismo, el texto insta al Gobierno a “exigir el regreso a la senda del Derecho Internacional en relación con el Sahara Occidental, apoyando de manera inequívoca el efectivo ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui mediante un referéndum”, a “posicionarse en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, al no contar con el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental”, y a “condenar las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas por Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental”.
