<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La secretaria general de Podemos y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra, ha reclamado al Gobierno que reconozca “oficialmente el genocidio en curso en Darfur” y que declare un embargo inmediato de armas a los Emiratos Árabes Unidos, así como a cualquier Estado, empresa o entidad que esté suministrando armas, financiación o apoyo logístico a los paramilitares implicados en crímenes de genocidio, guerra o de lesa humanidad en Sudán. </strong></h4> En una Proposición no de Ley registrada el pasado 4 de noviembre para su debate en el Pleno, Podemos recuerda que el 15 de abril de 2023 estalló en Sudán un conflicto armado abierto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y la milicia Rapid Support Forces (RSF), el grupo paramilitar creado en 2013 por el entonces presidente Omar al-Bashir para sofocar las rebeliones en Darfur y otras regiones del país y que ha sido acusado por Naciones Unidas, Unión Africana y la Corte Penal Internacional (CPI) de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la guerra de Darfur (2003-2009). Tras la revolución popular que derrocó a Al-Bashir en 2019, Sudán inició un proceso de transición civil e institucional que alteró el equilibrio de poder entre las SAF y las RSF. Las tensiones derivadas de dicha reestructuración, unidas a la negativa del comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), a someterse a la autoridad de un mando militar unificado, desembocaron en enfrentamientos armados de gran escala. Lo que comenzó en la capital, Jartum, se extendió rápidamente al resto del país, especialmente a Darfur, donde las RSF contaban con una sólida base territorial “La magnitud de la crisis humanitaria en Sudán ha sido descrita por las Naciones Unidas como la más grave del mundo en la actualidad”, advierte Podemos. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 11,5 millones de personas se encuentran desplazadas dentro del país, 3,2 millones han huido a países vecinos y más de 30 millones —dos tercios de la población sudanesa— necesitan ayuda humanitaria urgente. En varias regiones, incluidas Darfur y Kordofán, las agencias humanitarias han identificado condiciones de hambruna generalizada. En mayo de 2024 comenzó el asedio de la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, cuando las RSF bloquearon las rutas de acceso humanitario e impidieron la entrada de alimentos, medicinas y combustible. Durante más de 550 días, la ciudad permaneció cercada bajo fuego continuo, con decenas de miles de desplazados atrapados sin posibilidad de asistencia ni evacuación. El 26 de octubre de 2025, las RSF anunciaron la toma completa de El Fasher tras intensos bombardeos y combates casa por casa. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), recuerda Podemos, más de 26.000 personas huyeron de la ciudad en apenas 48 horas, mientras unas 260.000 —la mitad de ellas, niños— quedaron atrapadas. Testimonios de organismos humanitarios, de la ONU y de medios internacionales como Al Jazeera y The Guardian describen la ejecución de miles de civiles, la existencia de fosas comunes y la destrucción deliberada de barrios habitados por comunidades Fur y Masalit, “confirmando la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio”. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado de que la ofensiva contra El Fasher podría desencadenar una “catástrofe de proporciones genocidas” si la comunidad internacional no actúa con urgencia. <h5><strong>Emiratos</strong></h5> “En este contexto, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado la posible implicación directa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el conflicto armado y en el genocidio perpetrado por las RSF en Darfur”, denuncia Belarra. Aparte, en mayo de 2025, Amnistía Internacional identificó armamento chino avanzado utilizado por las RSF y presuntamente reexportado por los EAU en violación del embargo de armas de la ONU sobre Darfur. Asimismo, en un estudio de 2024, la organización denunció que nuevos suministros de armas estaban entrando en Darfur a través del aeropuerto de Amdjarass (este de Chad), utilizado por las RSF, señalando a los EAU como una de las principales rutas de tránsito. Diversos informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Sudán y de Amnistía Internacional documentan que las RSF controlan una amplia red económica y financiera basada en la extracción y exportación de oro. “Los Emiratos Árabes Unidos han sido señalados como un actor clave en esta red, con transferencias de material militar hacia las RSF a través de Chad y Libia destinadas a garantizar el acceso a los yacimientos auríferos y a infraestructuras estratégicas del mar Rojo, como el puerto de Abu Amama”, asegura Podemos. En marzo de 2025, el Gobierno de Sudán presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a los EAU de complicidad en genocidio por armar y financiar a las RSF, “si bien la causa fue desestimada por falta de jurisdicción”. Según investigaciones de Reuters y The Guardian, gran parte del oro extraído en Darfur y Kordofán se exporta a Dubái, donde empresas intermediarias lo refinan y comercializan, financiando con ello la adquisición de armamento y suministros para las RSF. “Cabe recordar que Dubái es uno de los mayores centros de comercio de oro del mundo, a pesar de no disponer de yacimientos auríferos explotables comercialmente”, prosigue. Suiza y Turquía figuran como dos de los principales destinos del oro reexportado desde EUA, “al mismo tiempo que España es un socio comercial activo e importante para el país”. Por todo ello, el texto presentado por Podemos insta al Gobierno a reclamar públicamente un alto el fuego inmediato en Sudán y exigir el acceso seguro, rápido y sin restricciones de la ayuda humanitaria a toda la población civil, así como a impulsar, en coordinación con Naciones Unidas, la apertura de corredores humanitarios seguros en Darfur, con especial atención a la ciudad de El Fasher, bajo supervisión internacional y a colaborar activamente en el envío y distribución de ayuda humanitaria, . También insta al Gobierno a “reconocer oficialmente el genocidio en curso en Darfur, en coherencia con las evidencias documentadas por las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos”, y a “declarar un embargo inmediato de armas a los Emiratos Árabes Unidos, así como a cualquier Estado, empresa o entidad que esté suministrando armas, financiación o apoyo logístico a la Rapid Support Forces (RSF) o a otras milicias implicadas en crímenes de genocidio, guerra o de lesa humanidad en Sudán”-. También pide al Gobierno que suspenda “de manera inmediata la importación de oro procedente de Emiratos Árabes Unidos y de cualquier otro bien cuya procedencia esté vinculada al conflicto armado en Sudán, con el fin de impedir la financiación de grupos responsables de crímenes de guerra y genocidio” y que promueva “la adopción del embargo total de armas a Emiratos Árabes Unidos y la suspensión de las importaciones de oro en el seno de la Unión Europea”. Por último, insta al Ejecutivo a “apoyar los procesos y mecanismos de rendición de cuentas de los responsables del genocidio y los crímenes en Sudán ante la justicia internacional”.
