<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Audiencia Nacional ha rechazado una querella contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el asalto efectuado por las fuerzas israelíes contra una embarcación de la Flotilla de la Libertad el pasado 8 de junio, a causa de “la falta de jurisdicción de los tribunales españoles” en este caso.</strong></h4> Según informó el Poder Judicial en una nota de prensa, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra Benjamin Netanyahu y varios altos mandos del Ejército “por el asalto y abordaje de la embarcación ‘Madleen’ integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio”. La querella había sido presentada el pasado 3 de julio por el activista español Sergio Toribio, que viajaba en dicha embarcación, y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe e iba dirigida, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama; los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari. Estos hechos, según los querellantes, eran constitutivos de un delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. El 18 de septiembre, la Fiscalía General se pronunció en contra de esa querella y el juez Antonio Piña se ha apoyado, precisamente, en ese informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia para considerar que “los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal”. “El contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley orgánica del Poder Judicial y debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo”, concluye el juez instructor. El pasado 9 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al encargado de negocios de la Embajada israelí en España, Dan Poraz, para trasladarle su protesta por la captura de Sergio Toribio cuando viajaba a bordo del ‘Madleen’, de la Flotilla de la Libertad, cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza. El activista español Sergio Toribio emitió esos mismos días un vídeo en el que denunciaba que la Flotilla había sido interceptada en el mar y que él mismo había sido “secuestrado por las fuerzas israelíes de ocupación o las de un país cómplice con el genocidio de palestinos por parte de Israel”. “Pido a todos mis camaradas, amigos y familiares que presionen al Gobierno de España para pedir mi liberación cuanto antes”, prosiguió en el vídeo, grabado justo antes de la interceptación y difundido por la Coalición Flotilla de la Libertad. Aparte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar (la formación minoritaria del Gobierno de coalición), Yolanda Díaz, condenó el “secuestro del barco ‘Madleen’, que transportaba ayuda humanitaria a Gaza”, y advirtió, a través de la red social Bluesky, de que “esta violación del derecho internacional exige una respuesta clara y contundente de la UE”. A finales de julio, Exteriores volvió a convocar a Dan Poraz por la detención de dos españoles que viajaban en el barco de ayuda humanitaria ‘Handala’ cuando navegaba hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria. Entre los detenidos en este caso se encontraba también Sergio Toribio, un mecánico de 49 años residente en Logroño. El otro activista español capturado en este caso era Santiago González Vallejo.
