<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una comisión dependiente del Gobierno de Marruecos, cuestionó ayer el papel de las autoridades españolas tras el intento masivo de más de 2.000 subsaharianos de cruzar la valla de Melilla el pasado 24 de junio y argumento que "vacilaron" a la hora de prestar "la asistencia y auxilios necesarios" para evitar un aumento de la violencia.</strong></h4> El informe final redactado por la comisión, presidida por Amina Bouayach y Mounir Bensalá, ambos nombrados por el rey Mohamed VI de Marruecos, cifra en 23 el número de muertos y en 217 el de heridos, de los cuales 140 son policías y 77 migrantes, la mayoría procedentes de Sudán y Chad. Todos ellos habían llegado a Marruecos a través de Libia y Argelia. El CNDH indica así que los hechos de violencia tuvieron lugar debido a la <strong>inacción de las autoridades españolas "a pesar de los empujones y enganches de migrantes frente a las puertas que permanecían herméticamente cerradas" y cuya consecuencia "más probable" fue la de "aumentar el número de muertos y heridos".</strong> La entidad considera, además, que las muertes registradas durante el intento de asalto frente al paso fronterizo entre Melilla y la ciudad marroquí de Nador se produjeron por "asfixia mecánica" a causa de los empujones y la aglutinación de un gran número de personas, según el diario marroquí 'Le Matin', que recoge <em>Europa Press.</em> La comisión, sin embargo, no ha podido determinar si el origen de las lesiones de algunos migrantes fueron consecuencia de las caídas y empujones sufridos o, sin embargo, lesiones resultantes de un uso desproporcionado de la fuerza. El CNDH, que ha realizado numerosas entrevistas con autoridades locales, asociaciones no gubernamentales y migrantes afectados, concluye, además que "no se recurrió a las balas" en ningún momento y que las fuerzas de seguridad hicieron uso de porras y gases lacrimógenos. <h5><strong>Respuesta del Ministerio del Interior</strong></h5> <strong>El Ministerio del Interior español defendió, tras conocer el informe de la CNDH, que actuó con "criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos".</strong> Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no entraron a valorar las afirmaciones hechas por el citado organismo, pero defendieron que la Guardia Civil actuó "en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional" y siempre "con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos, sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos".
