<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El personal de la Embajada de España en Malabo ha visitado en una veintena de ocasiones a Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, los dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial el pasado mes de enero bajo las acusaciones de sobornos y fraude, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.</strong></h4> “La Embajada de España en Malabo viene realizando un estrecho seguimiento del caso desde que tuvo conocimiento del mismo el pasado 22 de enero”, aseguró Exteriores en respuesta a una pregunta por escrito del Grupo Popular del Congreso sobre la situación actual de los ciudadanos españoles presos en Guinea Ecuatorial y las gestiones concretas que ha realizado el Ministerio de Asuntos Exteriores “para prestarles la debida asistencia y asegurar que se respeten sus derechos fundamentales”. “Desde esa fecha, los detenidos españoles han recibido una veintena de visitas por parte de personal de la Embajada, al tiempo que desde nuestra Representación se han realizado gestiones oportunas para garantizar las visitas de sus familiares y de los servicios médicos cuando ha sido necesario”, añadió. “En todo caso, la Embajada de España en Malabo mantendrá sus numerosas gestiones con las autoridades locales para garantizar el acceso fluido a los nacionales españoles con el fin de proporcionarles una correcta atención consular”, prosiguió el Ministerio. “Finalmente, es importante destacar que la Embajada de España en Malabo está en estrecho contacto con los familiares de los detenidos con el fin de mantenerlos informados de las novedades y de las gestiones que se llevan a cabo”, concluye la respuesta, emitida el pasado 8 de octubre y publicada esta semana. El pasado 9 de octubre, el Pleno del Parlamento Europeo denunció la “detención arbitraria” de dos españoles en Guinea Ecuatorial, Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, así como “las inaceptables condiciones de detención y los malos tratos infligidos a los presos” en este país. Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta fueron detenidos en Guinea Ecuatorial el pasado mes de enero bajo acusaciones de sobornos y fraude, en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía General por el supuesto pago de comisiones ilegales para hacerse con un contrato público, el proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT). Los dos españoles fueron trasladados el pasado mes de abril a la prisión de Black Beach, “conocida por sus condiciones infrahumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, advirtiló la Eurocámara. Asimismo, el Parlamento denunció “la detención arbitraria” de los dos ciudadanos españoles y las “condiciones inaceptables” en que permanecen desde entonces y pidió a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales, como el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Marañón Montero, que está en huelga de hambre, “debe recibir tratamiento urgente”, subrayó el texto. En un plano más general, los eurodiputados se mostraron preocupados por “las graves violaciones de los derechos humanos en el país, que incluyen torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas, además de la persecución continuada de la oposición política y graves restricciones a la libertad de expresión” y advirtieron de “la subordinación del poder judicial” al régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El pasado mes de abril, después de que las autoridades guineanas instalaran micrófonos ocultos en una de las salas de visitas de la prisión para espiar las conversaciones entre los dos presos y diplomáticos españoles, el fiscal general del Estado, Anatolio Nzang Nguema, convocó una rueda de prensa para exigir a la Embajada de España en Malabo “respeto a la independencia judicial”. Por su parte, el vicepresidente de la República y jefe del aparato de seguridad (y primogénito de Obiang), Teodoro Nguema Obiang Mangue, ordenó el aislamiento total de ambos empresarios y les prohibió recibir cualquier tipo de visita, ni siquiera de sus abogados o familiares.
