<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Europea hizo público ayer su Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, que incluye, por primera vez, recomendaciones a los Estados miembros y que, para el caso de España, reclama la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “con carácter prioritario” y la reforma “inmediata” del sistema de nombramiento de sus miembros “teniendo en cuenta las normas europeas”.</strong></h4> La publicación del informe ha coincidido con la <strong>aprobación, ayer en el pleno del Congreso de los Diputados, de la reforma express que levanta el veto para que el CGPJ pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional</strong>. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que espera que con el nombramiento de dos magistrados "progresistas" cambien las mayorías en el Alto Tribunal, sacó adelante esa modificación, con el apoyo de sus socios, con lectura única y por el trámite de urgencia, enmendando lo que había acordado hace meses para impedir que el CGPJ en funciones hiciera nombramientos. El Gobierno llevó al Parlamento los cambios, <strong>sin oír antes al órgano de los jueces, que había pedido al Congreso que le escuchara como afectado de una reforma que le concierne</strong>. Precisamente la jurisprudencia europea exige que se escuche a los afectados y así se lo recordó Bruselas en su momento al Gobierno español. Además, el Ejecutivo introducirá una enmienda hoy por la que <strong>se da de plazo al CGPJ hasta el 13 de septiembre para que proceda a realizar esos dos nombramientos para el TC.</strong> <strong>El tercer informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho “se inscribe en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que ha puesto de manifiesto la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho”</strong>, y comprende “una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y 27 capítulos por países en los que se examinan las novedades en la materia producidas en cada Estado miembro desde julio de 2021”, señaló la Comisión en una nota de prensa. Al igual que en ediciones anteriores, este informe examina la evolución en cuatro ámbitos clave en materia de Estado de Derecho: los sistemas judiciales, la normativa en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales. <strong>El informe de este año incluye, por primera vez, recomendaciones específicas formuladas a cada Estado miembro, según lo anunciado por la presidenta Ursula von der Leyen en su Discurso sobre el estado de la Unión de 2021</strong>, a fin de “animar a los Estados miembros a hacer avanzar las reformas en curso o previstas y ayudarlos a determinar los ámbitos en que hacen falta mejoras”, añadió. En el caso de <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ruleoflaw2022_country_chapter_abstracts_recommendations_en.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>España</strong></a>, el documento señala que “el hecho de que <strong>la renovación del Consejo General del Poder Judicial siga pendiente desde diciembre de 2018 sigue siendo preocupante</strong>”, por lo que insta a las autoridades españolas a <strong>“proceder a la renovación del CPGJ con carácter prioritario y a iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas”</strong>, que establecen que al menos la mitad de los jueces miembros deben ser elegidos por sus pares. En el anterior informe de Bruselas, publicado en el verano de 2021, Bruselas también lamentaba los retrasos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue bloqueado desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE. Aparte, tanto en el primer informe de evaluación de septiembre de 2020 como en el segundo, de julio de 2021, la Comisión pidió una “reforma estructural” del sistema de elección del CGPJ para que al menos el 50% de los vocales sean designados por los propios jueces, y no por el Parlamento (como ha ocurrido hasta ahora), “en línea con los estándares europeos”. <h5><strong>Vera Jourová</strong></h5> A mediados del pasado mes de junio, <strong><a href="https://thediplomatinspain.com/2022/06/bruselas-pide-a-espana-que-nombre-cuanto-antes-un-nuevo-cgpj-estable-y-no-politizado/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová</a>,</strong> efectuó una visita de trabajo a Madrid para reunirse con responsables gubernamentales y del Poder Judicial (incluidos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo) a fin de preparar, precisamente, el informe de la Comisión publicado ayer. Durante su visita a Madrid, Jourová advirtió de que España debe renovar “cuanto antes” el CGPJ y recordó que, “según las normas”, los miembros del Consejo “tienen que estar compuestos por una parte de jueces elegidos por jueces, que deberían de ser la mayoría”, frente a una minoría de miembros que “deberían de ser nombrados por el Parlamento, por los partidos políticos”. Asimismo, durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso insistió en la necesidad de que se establezca un sistema que “consiga sobrevivir a futuras elecciones” y conduzca a un poder judicial “lo más neutral e independiente posible”, a fin de que “el estamento judicial no esté politizado y no tenga esa vulnerabilidad”.
