The Diplomat
Los territorios con que cuenta España en el norte de África, más allá de Ceuta y Melilla, carecen de un estatuto jurídico definido dentro de la organización del Estado lo cual les deja en una situación de vulnerabilidad en caso de que Marruecos quisiera materializar su reivindicación sobre los mismos, según alerta el Observatorio de Ceuta y Melilla.
Las dos ciudades autónomas «tienen un claro anclaje en el modelo de gestión territorial del Estado» y se las menciona expresamente en la Constitución, pero no ocurre lo mismo con el islote de Perejil, los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y las islas Chafarinas, subraya el Observatorio en su reciente informe ‘La consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África’, recogido por Europa Press al cumplirse hoy los 20 años de la invasión de Perejil por Marruecos.
Estos territorios «no tienen un estatuto definido en la organización descentralizada del Estado español, circunstancia que genera incertidumbre jurídica y proyecta indudablemente una mayor vulnerabilidad en la compleja relación con Marruecos», sostiene el profesor Jesús Verdú Baeza, de la Universidad de Cádiz, en el informe.
Como resultado de ello, dependen directamente de la administración central del Estado si bien «no hay ninguna administración clara con competencias definidas y ordenadas» sobre dichos territorios, «siendo el Ministerio de Defensa la institución con mayor presencia» en estos peñones e islotes.
Esta indefinición, según admite Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, plantea «problemas legales y políticos de envergadura» y constituye un «flanco muy débil» para el Estado a la hora de defender su soberanía sobre los mismos.
Por una parte, señala Del Valle, plantean «una difícil explicación y justificación política, habida cuenta de su proximidad a la costa marroquí (Chafarinas a dos millas de la costa y Peñón de Alhucemas, con sus dos islotes deshabitados, a menos de 1.000 metros de tierra firme) o incluso su integración en el mismo territorio terrestre, pues el Peñón de Vélez es en realidad una península» tras unirse al continente en 1934 por un istmo arenoso de 80 metros.
Por otra, hay que tener en cuenta la «inexistencia de actividad económica y población civil, y única presencia militar, ocasionalmente científica«, añade este experto, que sin embargo destaca que todos ellos gozan «de buena defensa desde el Derecho Internacional» ya que cuentan con sus «correspondientes títulos jurídicos españoles de origen histórico, cesión, conquista y ocupación».
En el caso concreto de los peñones, según Del Valle, «plantean riesgos muy serios» por la inexistencia de población civil -solo hay una guarnición militar-, «la existencia de dos islotes (isla de Tierra e isla de Mar) muy próximos a la orilla y sin presencia española permanente», «la extrema cercanía o integración en la costa marroquí en el caso de Vélez» y «la posibilidad de que Marruecos decida en algún momento realizar una reivindicación selectiva», además de su «indefinido estatuto legal».
En este sentido, propone «dar un reconocimiento jurídico normalizado» tanto en el derecho español como en el europeo a los peñones y «ofrecer un sentido y significado distinto de sus actuales funciones y en general del papel de España en estos fragmentos de Estado en la costa africana».
Para ello, el catedrático plantea, además de «intensificar las referencias a los peñones e islas en la normativa española, y también en la europea», la posibilidad de convertirlos en «lugares de memoria de las guerras en el Rif de los siglos XIX y XX». Esta propuesta se sustenta sobre el hecho de que ambos peñones fueron escenario de «batallas e incluso la bahía de Alhucemas contempló el primer gran desembarco de guerra moderna en 1925».
Del Valle cree que «sería interesante» sumar la colaboración de Marruecos, y también de Francia por su implicación histórica, a una iniciativa de este tipo, pero en todo caso España podría actuar unilateralmente en esta línea.
Al dotar a los peñones de un nuevo sentido, además, España tomaría la iniciativa «en el ámbito internacional, con el añadido de ofertar Marruecos colaborar en la reconversión de los peñones de Vélez y Alhucemas como lugares de historia, memoria y reencuentro entre los pueblos marroquí y español». «Solo tener en cartera esa posibilidad ya es tomar la iniciativa con Marruecos en estos conflictivos territorios», remarca.
Por lo que se refiere al archipiélago de Chafarinas, que componen las islas de Congreso, Isabel II y Rey Francisco, se incorporaron al territorio español en 1848 y han estado habitadas y con presencia permanente de las administraciones públicas desde entonces. Estas islas fueron ocupadas por una flota comandada por el general Francisco Serrano sin que haya constancia de presencia previa de ninguna otra potencia ni tampoco de lo que ahora es Marruecos.
El reino alauí reivindica este archipiélago -al igual que los peñones y también Ceuta y Melill– y lo usa como punto de apoyo par delimitar su mar territorial, lo que incluye «parte de las aguas presumiblemente españolas del archipiélago», subraya el profesor Verdú, que recuerda que tampoco se han delimitado los espacios marítimos hacia el este con Argelia, lo que también podría generar controversia.
«La ausencia de acuerdo de delimitación de los espacios marítimos españoles en el norte de África tiene un alto potencial desestabilizador que se irá incrementando en la medida que sea viable la exploración y explotación de los recursos existentes en la zona», advierte este experto en Derecho Internacional. De hecho, las islas Chafarinas han acaparado titulares en los últimos meses por la instalación de una piscifactoría por parte de Marruecos en sus inmediaciones.
Como en el caso de los peñones, el informe también hace algunas propuestas. Así, se pone especial énfasis en la biodiversidad que rodea a estos islotes y su reconocimiento como tal no solo a nivel español también europeo y que brinda a las Chafarinas «un estatuto europeo que le proporciona especial singularidad».
En opinión de Verdú, la situación de las Chafarinas «ofrece un factor de oportunidad inigualable para establecer un marco de coordinación con Marruecos» pese a que las fronteras marítimas con este país aún no se han delimitado.
En este sentido, remite a la posibilidad de crear una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) conforme a la Convención de Barcelona y que permite áreas transnacionales promovidas por varios países. «España y Marruecos podrían preservar expresamente sus posiciones jurídicas de partida sin prejuzgarlas», esgrime.
La creación de un Área Marítima Protegida que incluyera Chafarinas, el entorno del mar de Alborán y la franca marítima costera marroquí «sería una oportunidad única de cooperación y normalización de unas relaciones extraordinariamente complejas» como las que mantienen España y Marruecos, defiende el autor.
