The Diplomat
Varias asociaciones periodistas emitieron ayer comunicados de respaldo al periodista Ignacio Cembrero, tras la demanda presentada contra él por el Gobierno de Marruecos, después de que publicara que ese país podía estar detrás del espionaje a líderes españoles con Pegasus y también de su propio teléfono móvil.
Así, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), a la que pertenece el periodista, especializado desde hace 22 años en información del Magreb y que escribe habitualmente para El Confidencial, se muestra convencida de que el objetivo final de Marruecos es “intentar amedrentar e intimidar al informador y evitar que, en el libre ejercicio de su profesión, siga denunciando las irregularidades que observa en el país magrebí».
Además, la APM pide a las autoridades españolas que actúen «por los canales oportunos para defender el derecho a la libertad de expresión de los periodistas de nuestro país cuando esta se ve atacada por dirigentes de otros Estados que tienen un largo historial de vulneración de ese derecho».
La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) se sumó al comunicado subrayando que «las demandas que solo pretendan intimidar a los periodistas suponen una intolerable vulneración de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información».
Igualmente, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas exigió al Gobierno marroquí que retire la demanda y «cese en sus ataques contra informadores», a la vez que instó al Gobierno español a iniciar «presiones diplomáticas» para frenar la denuncia.
También Reporteros sin Fronteras respaldo al periodista y pidió al Ejecutivo español que actúe para «impedir cualquier intento de coartar la libertad de expresión» y blindar al corresponsal en el Magreb de las «denuncias abusivas que buscan silenciar al periodismo».
Por su parte, Compromis pidió ayer la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que dé cuenta de las medidas que plantea, o no, el Gobierno de España para «proteger a los profesionales de prensa españoles demandados, amenazados o denunciados» por el reino alauita, según una pregunta escrita que firma el senador Carles Mulet.
