The Diplomat
La sede de Marqués de Salamanca (Madrid) del Ministerio de Asuntos Exteriores acogió ayer la reunión anual de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que fue seguida de una Asamblea General y en la que se abordó, entre otros asuntos, la propuesta de resolución sobre la moratoria en el uso de la pena de muerte que aprobará la Asamblea General de la ONU el próximo mes de diciembre en Nueva York.
La cita reunió presencialmente a una decena de comisarios de los 23 que integran el panel de eminentes personalidades, formado por antiguos jefes de Estado, presidentes de gobierno, ministros, altos funcionarios de la ONU, jueces y académicos “reconocidos internacionalmente por su activismo y labor ejemplar en favor de la abolición de la pena de muerte”, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa.
En su sesión interactiva con los 23 Estados miembros del Grupo de Apoyo, se abordó el estado internacional de las aboliciones de la condena a muerte y el apoyo al proyecto de Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria en el uso de la pena de muerte, que se aprobará en diciembre y que ha sido copatrocinada por Australia y Costa Rica. Tras las reuniones de trabajo, los miembros de la Comisión fueron recibidos por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau, y otras autoridades
Durante el debate, según informó a The Diplomat la directora ejecutiva del Secretariado de la Comisión, Asunta Vivó Cavaller, los comisarios ofrecieron a Australia y Costa Rica su experiencia y su disponibilidad para intentar conseguir el apoyo de los países más reticentes al proyecto de resolución y, por tanto, los votos necesarios para que pueda salir adelante en la Asamblea General. Asimismo, según la misma fuente, los participantes analizaron las estrategias de trabajo de la Comisión y destacaron algunos avances importantes, como la abolición de la pena de muerte en la República Centroafricana y el anuncio de la próxima abolición de este castigo por parte de Zambia y Malasia.
La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue creada el 7 de octubre de 2010 por iniciativa de España y de Suiza y su sede se encuentra en Madrid desde 2016. España es el principal contribuyente, “como reflejo del compromiso de nuestro país con la abolición universal de la pena capital y la promoción y protección de los derechos humanos”, prosiguió el Ministerio.
Presidida por la antigua Alta Comisionada de los Derechos Humanos para los Derechos Humanos, la jurista Navi Pillay, la organización promueve la abolición universal de la pena de muerte incentivando reformas legislativas en los Estados que la mantienen. Asimismo, la Comisión intenta evitar que se lleven a cabo las ejecuciones, en particular cuando afecten a grupos vulnerables como puedan ser menores de edad, mujeres, colectivo LGTIQ+ o personas con discapacidad.
Según Amnistía Internacional, en 2021 se registraron 579 ejecuciones en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020. Esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional al menos desde 2010. La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden.
