<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha instado al Gobierno a “valorar la situación jurídica y humanitaria” de siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica que han solicitado formalmente la protección de España, incluida la posibilidad de acceder al procedimiento de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, “como ya se hiciera con los 222 nicaragüenses apátridas reconocidos en 2023”.</strong></h4> En una Proposición no de ley presentada el 29 de agosto para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, el PP denuncia que el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, “ha intensificado en los últimos años una estrategia de represión sistemática contra periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas y miembros de la sociedad civil”, una represión que ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, y numerosas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la libertad de prensa y la defensa de los derechos fundamentales. “Una de las manifestaciones más alarmantes y recientes de esta represión es la práctica conocida como apatridia de facto, consistente en la negativa deliberada por parte del Estado nicaragüense a renovar o emitir documentación oficial (pasaportes, certificados de nacimiento, cédulas de identidad) a ciudadanos críticos con el régimen, particularmente periodistas”, prosigue el Grupo Popular. “Esta práctica, que no requiere de un acto jurídico formal de desnacionalización, tiene efectos igualmente devastadores al privar a las personas de su identidad legal, limitar su libertad de movimiento, impedir su acceso a servicios básicos, y, por tanto, dejarlos en una situación de completa indefensión jurídica”, afirma. Numerosos informes internacionales han señalado que esta táctica representa una vulneración flagrante del derecho internacional y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha advertido que estas prácticas “podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al tratarse de actos sistemáticos de persecución y exclusión por motivos políticos”, añade. En este contexto, recuerda el PP, siete periodistas nicaragüenses actualmente exiliados en Costa Rica han solicitado formalmente al Gobierno de España acogerse al procedimiento excepcional de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza, como ya se hiciera con los 222 nicaragüenses apátridas reconocidos en 2023. La solicitud fue entregada el pasado 19 de junio en el Consulado General de España en San José y está dirigida al Rey, al presidente del Gobierno, a las vicepresidencias y al ministro de Asuntos Exteriores, así como al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Aparte, la petición cuenta con el respaldo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Entre los firmantes de esta solicitud, según el PP, se encuentran “periodistas de trayectoria reconocida”, como Carmen Lucía Navas (directora de <em>Expediente Público</em>), Óscar Navarrete (fotógrafo del diario <em>La Prensa</em>), Gerall Chávez (<em>Nicaragua Actual</em>), Donaldo Hernández (<em>VOA Noticias</em>), Luis Eduardo Martínez (<em>Mosaico</em>), Tania López y Reyna Tapia (<em>Entrepatrias</em>). Todos ellos han sufrido persecución directa, acoso institucional, amenazas y la confiscación o cierre de sus medios de comunicación. “Su labor informativa independiente, centrada en denunciar violaciones de derechos humanos, corrupción y abusos de poder, les ha convertido en objetivos prioritarios de la represión transnacional del régimen Ortega-Murillo”, denuncia. Un grupo de trece periodistas nicaragüenses, incluidos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli (exiliados en España y despojados de su nacionalidad), también pidieron este pasado lunes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la protección de los siete informadores nicaragüenses, “víctimas del terrorismo de Estado” de Nicaragua, y elogiaron la “sensibilidad y el compromiso” demostrados por España “al extender la nacionalidad española a los nicaragüenses desterrados y despojados de su ciudadanía”. El Grupo Popular recuerda que España cuenta con “instrumentos legales y constitucionales que permiten actuar de manera eficaz en casos de especial gravedad humanitaria o de relevancia internacional”. “No se trata de interferir en asuntos internos, sino de ejercer una política exterior coherente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y con los valores que sustentan nuestro orden constitucional”, advierte el PP. “En consecuencia, en el actual contexto de Nicaragua es necesario reforzar la posición de España como un país de acogida, comprometido con la libertad de expresión, la protección internacional y la denuncia de las formas modernas de persecución política”, concluye. Por todo ello, la moción insta al Gobierno a “reconocer la existencia de una estrategia sistemática de represión ejercida por el régimen de Nicaragua que incluye la denegación arbitraria de documentación oficial a periodistas y disidentes” y a “valorar la situación jurídica y humanitaria de los siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica que han solicitado formalmente la protección de España, reconociendo su especial vulnerabilidad y facilitando, en su caso, su acceso al procedimiento de concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, conforme a lo establecido en el artículo 21.1 del Código Civil”. También insta al Ejecutivo a reforzar la atención y acompañamiento a periodistas y defensores de los derechos humanos perseguidos por regímenes autoritarios que soliciten acogida en España, en coordinación con organizaciones internacionales, asociaciones profesionales y entidades defensoras de la libertad de prensa, y a “reflejar en los foros internacionales pertinentes la preocupación del Gobierno ante las prácticas represivas del régimen de Ortega-Murillo”.
