The Diplomat
Estados Unidos podría limitar el acceso de empresas españolas a licitaciones públicas o imponer barreras específicas a bancos o consultoras para que operen libremente en su territorio en represalia por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no destinar el 5% del PIB a gasto en defensa, tal como exige el presidente estadounidense, Donald Trump.
En un documento elaborado por la Cámara de Comercio de España y recogido por la agencia Europa Press, se indica que Washington podría imponer también restricciones de acceso o uso a tecnología procedente de Estados Unidos, como plataformas en la nube o tecnologías de encriptación.
También podrían plantearse otras medidas para perjudicar a las empresas españolas, como el endurecimiento de los requisitos fitosanitarios para productos agroalimentarios, como frutas, vino o aceite, alegando razones de salud pública, o la exigencia de nuevas certificaciones para maquinaria española o productos industriales mediante controles técnicos adicionales o barreras burocráticas.
En el ámbito de las inversiones, el Gobierno podría sugerir riesgos políticos o fiscales a empresas estadounidenses por invertir en España, ampliar sus controles sobre fusiones y adquisiciones para dificultar que empresas españolas compren compañías estadounidenses o influir en grandes fondos estadounidenses para que reduzcan su exposición en sectores estratégicos del país, como energía, banca o telecomunicaciones.
En el ámbito internacional, Estados Unidos incluso podría utilizar el veto indirecto a España en organismos multilaterales o condicionar la colaboración en seguridad o inteligencia relacionada con temas económicos.
En todo caso, el informe de la Cámara de Comercio de España recuerda que la política comercial de la Unión Europa tiene un carácter colectivo y exclusivo y que cualquier decisión comercial debe tener en cuenta al conjunto de la Unión.
Por ejemplo, si EEUU decidiera aplicar aranceles selectivos a un único Estado comunitario, como España, la Unión Europea estaría obligada a imponer una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por ser una discriminación contraria al derecho internacional, como ocurrió el caso de las aceitunas negras de mesa españolas.
