<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a abordar, en sus relaciones bilaterales y multilaterales, la crisis de derechos humanos que vive El Salvador como consecuencia de la “deriva autoritaria” del presidente Nayib Bukele, especialmente desde la imposición, en marzo de 2022, del régimen de excepción por motivos de seguridad ciudadana.</strong></h4> La Proposición no de Ley (PNL), presentada a principios de abril por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, aprobada el 6 de mayo por la Comisión de Exteriores con modificaciones introducidas por el PSOE y publicada el 28 de mayo por el Boletín Oficial del Congreso, “manifiesta su preocupación por la crisis de derechos humanos generada por la desproporcionalidad de las medidas de emergencia y el nuevo marco legal de excepción implementado desde marzo de 2022 en El Salvador, en línea con los llamamientos de los mecanismos regionales y universales de protección de los derechos humanos”. Asimismo, insta al Gobierno, “en el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales, a exhortar al Gobierno de El Salvador a restablecer los derechos y garantías suspendidas desde marzo de 2022 en el marco del régimen de excepción instalado en El Salvador por motivos de seguridad ciudadana”, a permitir ·el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU, en particular a los centros de detención y audiencias judiciales, para que puedan verificar las condiciones generales de observancia de los derechos humanos”, y a “facilitar un diálogo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, que pueda contribuir a establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos”. En la exposición de motivos, Sumar denuncia que, “en los últimos años, El Salvador ha sufrido un grave retroceso en la institucionalidad democrática surgida de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a once años de conflicto armado”. “Los avances políticos y sociales logrados desde entonces se han venido revirtiendo por la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele”, asegura la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Desde que se alzara con la Presidencia en 2019, y tras haber obtenido la mayoría absoluta parlamentaria con su partido Nuevas Ideas en el 2021, El Salvador atraviesa una etapa de regresión democrática, en la que la división de poderes y la independencia de estos se ha debilitado notablemente”, prosigue. La PNL asegura que, “bajo el mandato de Nayib Bukele se han aprobado medidas que suponen una importante restricción de las libertades individuales y colectivas de la ciudadanía”. “Asimismo, se están denunciando constantes desalojos de tierras de comunidades y pobladores rurales y urbanos, sobre todo en situación de pobreza, para favorecer intereses políticos y económicos privados, lo que además trae como consecuencia emigración y desintegración familiar”, añade. Entre los abusos registrados en la PNL figuran destituciones y nombramientos ilegales del fiscal general, de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de jueces, lo que permitió que la Sala de lo Constitucional permitiese “la reelección del presidente Bukele, a pesar de que la Constitución no lo prevé”. <h5><strong>Detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal</strong></h5> El texto también registra “denuncias de ataques y hostigamientos contra la oposición política, activistas de derechos humanos, sindicatos, periodistas independientes y ONG, para obstaculizan su trabajo de apoyo a la población más vulnerable”, así como “miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal”, según señala Amnistía Internacional. La PNL llama también la atención sobre “el incremento de la militarización de la seguridad pública, especialmente en comunidades marginadas y empobrecidas”, que “ha evocado los horrores del pasado, cuando las fuerzas armadas ejercían un control represivo sobre la población”. “Este enfoque, combinado con la estigmatización de agentes del Estado en contra de las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente y la obstrucción de su labor, ha creado un clima de miedo e intimidación y fomenta la autocensura”, prosigue. “Desde marzo de 2022, el régimen de excepción se ha ido desnaturalizando hasta ser el instrumento fundamental de una política represiva que está provocando un importante aumento de las detenciones arbitrarias, con graves violaciones de los derechos humanos fundamentales y sin respetar el principio de presunción de inocencia, ni el debido proceso”, denuncia la moción de Sumar, aprobada por el Congreso. Esta situación, asegura, ha sido denunciada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité de Tortura de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDHI), cuyo último informe indica que, “según la información disponible, 73.000 personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023, de las cuales, a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva. La Comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
