<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso votará este martes el dictamen sobre el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, un texto cuya aprobación y ratificación sigue pendiente del recurso de PP ante el Tribunal Constitucional y de la posterior votación en el Senado.</strong></h4> El Congreso de los Diputados tenía previsto debatir el pasado 13 de marzo el Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa. No obstante, el debate decayó finalmente del orden del día del Pleno de la Cámara Baja tras la decisión del Grupo Parlamentario Popular de retirar una enmienda a la totalidad contra el texto. El Partido Popular decidió retirar la enmienda después de que el Tribunal Constitucional hubiera aceptado el requerimiento formulado por el Senado (a propuesta, precisamente, del PP) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de un artículo de este tratado que permite la asistencia de representantes franceses en las reuniones del Consejo de Ministros español. Concretamente, el Constitucional debe pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución española y el art. 2.4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, que dispone que “un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”. El “Tratado de Barcelona”, firmado el 19 de enero de 2023 en Barcelona por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la XXVII Cumbre Bilateral hispano-francesa, es el primero de estas características entre ambos países y eleva las relaciones bilaterales al máximo nivel posible, equiparable al que ya tiene España con Portugal desde la Cumbre de Trujillo de octubre de 2021 y al que mantiene Francia con Alemania e Italia desde Aquisgrán en 1963 y Roma en 2021, respectivamente. Francia ya ha ratificado el texto, pero España no ha podido dar todavía ese paso, precisamente, por las dudas sobre su constitucionalidad. El pasado 12 de febrero, el pleno del Senado aprobó el recurso de inconstitucionalidad contra el Tratado, con los votos favorables del PP (que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta), UPN y Vox y los votos en contra del PSOE y el resto de sus habituales socios parlamentarios. El PP presentó su recurso de constitucionalidad, por vía de urgencia, el pasado 7 de febrero, solo una semana después de que el Consejo de Ministros acordase la remisión del texto a las Cortes Generales, también por vía de urgencia, y de que autorizase la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado tratado. De prosperar la votación de este martes, el Tratado podría votarse en el Pleno del Congreso antes de final de mayo. No obstante, sea cual sea el dictamen que adopte este martes la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el futuro de este Tratado dependerá de lo que decida el Tribunal Constitucional, que ya ha advertido de que cualquier decisión de la Cámara Alta dependerá de su sentencia. El Tratado solo podrá ser ratificado cuando cuente con el apoyo de las dos Cámaras. <h5><strong>Albares</strong></h5> Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió este lunes al Partido Popular que “sea oposición de Estado” y permita sacar adelante el Tratado. Asimismo, instó al resto de grupos parlamentarios a que, “por el bienestar de nuestros ciudadanos en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en el País Vasco”, no secunden la política “irresponsable” del PP y “voten a favor” del texto. Albares también fue particularmente duro con el PP. “¿Qué les pasa a ustedes con Francia? ¿Por qué boicotean el primer tratado de amistad y cooperación entre España y Francia?”, preguntó. En su respuesta, el portavoz del PP en la Comisión, Carlos Floriano, afirmó que “el tratado entre España y Francia lleva dando vueltas más de dos años en el Ministerio”. “No nos responsabilice a nosotros el retraso, y será bueno que el Tribunal Constitucional se pronuncie”, añadió. Según el recurso del PP, el Tratado “podría vulnerar lo dispuesto en los artículos 13.2, 23.2 y 98.1 de la Constitución Española”, en relación con la posible presencia del Rey “como único asistente al Consejo de Ministros que no es miembro del Gobierno”. Por ello, pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre estas contradicciones entre los dos textos “con carácter previo a su autorización por las Cortes Generales y con suspensión de la tramitación del Tratado”. Por su parte, el Grupo Socialista ha asegurado que la Constitución no prohíbe expresamente la presencia de miembros no pertenecientes al Gobierno en los Consejos de Ministros y recordó que, con la actual legislación española, los secretarios de Estado y otros altos cargos pueden asistir a estas reuniones en el caso de ser convocados por el presidente del Gobierno. También ha recordado que no es infrecuente la presencia de representantes extranjeros en las reuniones gubernamentales de otros países europeos e incluso que el propio Pedro Sánchez ha asistido a reuniones del Gobierno alemán.
