<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Gobierno que lleve a cabo las “acciones diplomáticas necesarias y oportunas” para “poner fin a la vulneración de los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua” y que respalde las sanciones europeas contra los dirigentes políticos de este país.</strong></h4> En una Proposición no de Ley (PNL) presentada el pasado 3 de abril para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el PSOE recuerda que “miles de personas han abandonado Nicaragua debido a la inestabilidad política, la inseguridad y el colapso económico”, lo que representa “una de las mayores crisis de refugiados de la historia del país”. “Desde el estallido de las protestas sociales en 2018 en Nicaragua”, prosigue, se ha registrado en el país “un constante y alarmante deterioro del sistema de derechos y garantías de todos sus ciudadanos”, una represión de “todos los sectores de la sociedad” y la aprobación de “paquetes de leyes que ponen en peligro el ejercicio de los derechos humanos y civiles básicos, especialmente, el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacifica, derechos que han sido severamente restringidos”. Según los socialistas, “España ha estado en todo momento al lado del pueblo nicaragüense”, liderando “los esfuerzos internacionales que conduzcan a resolver la crisis en el país” y apoyando, “desde el primer momento, una solución política, democrática y pacífica y, como no puede ser de otro modo, propia de los nicaragüenses”. Un ejemplo de esa implicación, prosigue la PNL, es la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los nicaragüenses privados de su nacionalidad “como una forma de castigo”. Un total de 146 de disidentes nicaragüenses recibieron la nacionalidad española por carta de naturaleza entre 2023 y 2024 después de ser expulsados y despojados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo (marido y mujer y copresidentes de Nicaragua). Por todo ello, la moción socialista insta al Gobierno a “garantizar y proteger” los derechos humanos de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país, de conformidad con el derecho internacional y a seguir realizando “aquellas acciones diplomáticas que sean necesarias y oportunas con el objetivo de poner fin a la vulneración de los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua, apoyando un diálogo integrador sobre la justicia y la democracia como única salida a la actual crisis”. También insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “seguir manteniendo las sanciones que fueren necesarias contra los dirigentes políticos del gobierno de Nicaragua, en el marco de la Unión Europea”, a “garantizar la protección internacional, en el seno de la Unión Europea y entre sus Estados miembros, de los y las nicaragüenses que huyen de la persecución” y a “defender estrictamente el principio de no devolución”. “Atendiendo a la situación excepcional que existe en Nicaragua, y durante el tiempo que subsistan estas circunstancias extraordinarias”, el PSOE insta también al Gobierno a “admitir la presentación del pasaporte caducado para la tramitación de cualquiera de las autorizaciones y permisos previstos en la normativa de extranjería, así como para la expedición y entrega de la tarjeta de identidad de extranjero, en caso de solicitarse a favor de nacionales de Nicaragua”, así como a “promover estas medidas en el seno de la Unión Europea y entre sus Estados miembros”.
