<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que las extracciones de recursos petrolíferos por parte de la empresa israelí NewMed en las costas del Sáhara Occidental y a unos 200 kilómetros de las costas canarias se encuentran “fuera de las aguas territoriales y jurisdiccionales de España”.</strong></h4> El senador Pedro Manuel San Ginés, de Coalición Canaria, afirmó ante el pleno de la Cámara Alta que “cada país es soberano para hacer lo que considere en sus aguas”, pero, advirtió, “en este caso, no son aguas españolas, pero tampoco marroquíes, son aguas saharauis ocupadas de facto por el Gobierno marroquí tras esa delimitación unilateral ante la que el Gobierno de España no ha hecho nada”. Asimismo, recordó la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar, “de manera unilateral, un “giro copernicano a la posición histórica que ha mantenido, y yo sostengo que mantiene, España en relación con la descolonización del Sáhara Occidental” a “espaldas a la opinión mayoritaria” y se preguntó por qué el Gobierno “condena, con razón, la ocupación de Ucrania por Rusia y la de Gaza por Israel” y, al mismo tiempo, mantiene “este silencio cuando una empresa israelí va a prospectar en aguas saharauis”. También recordó que la Unión Europea “ha anulado acuerdos para la explotación de los recursos pesqueros en esas mismas aguas saharauis por vulnerar el Derecho Internacional y el derecho del pueblo saharaui”. En su respuesta, Albares aseguró que las licencias en esta zona para la realización de prospecciones “son sistemáticamente comprobadas por el Gobierno” y que “esas licencias concedidas están fuera de las aguas territoriales y jurisdiccionales de España”. “Todo lo que toca a ese asunto es una cuestión de Derecho Internacional que se tiene que resolver conforme a la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar en base al mutuo acuerdo y con respeto pleno al Derecho Internacional”, añadió. Asimismo, el ministro mencionó unas palabras del presidente canario, Fernando Clavijo (secretario general de Coalición Canaria), en las que aseguró que su Gobierno asume “enteramente” la política de España respecto al Sáhara. Según Albares, la declaración conjunta entre Madrid y Rabat de abril de 2022 ha traído “el mejor clima de colaboración y cooperación con Marruecos de la historia bilateral”, lo cual es “muy beneficioso para Ceuta y Melilla, para Andalucía y, sobre todo, para Canarias”. “Por lo tanto, usted debería felicitarse, como hace el presidente Clavijo, de esa nueva relación con Marruecos”, concluyó. <h5><strong>Las prospecciones</strong></h5> El pasado 6 de marzo, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar (socio minoritario en el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez) pidió al Gobierno que se pronunciase sobre el acuerdo entre Marruecos y NewMed para extraer recursos petrolíferos en aguas apropiadas “unilateralmente” por Rabat en 2020, una “usurpación que no tiene ninguna validez legal porque por no está reconocida por la ONU ni por ningún otro organismo internacional”. Concretamente, Sumar se refería a una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que fue ocupada por Marruecos sin notificarlo a Naciones Unidas. Esta ZEE, según Coalición Canaria, pertenece al territorio saharaui y su delimitación entra en conflicto con la ZEE que reivindica Canarias. El acuerdo, firmado el pasado mes de enero, implica la adjudicación de 17 permisos de alta mar durante ocho años, desde el sur de cabo de Bojador hasta Dajla, en territorio saharaui. Bojador se encuentra poco más de 200 kilómetros de Canarias. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció el 4 de octubre de 2024 que “toda actividad de cualquier Estado, organismo internacional o empresa en aguas saharauis debe tener el consentimiento del pueblo de Sáhara Occidental”. Por su parte, el subsecretario general de Asuntos Jurídicos de la ONU advirtió el 29 de enero de 2002 al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que los contratos para la explotación de petróleo en el Sáhara Occidental “violaban los principios del Derecho Internacional aplicables a las actividades de recursos minerales en los territorios no autónomos”.
