La Administración Trump y su ofensiva contra la burocracia federal
Durante su primer mandato, Donald Trump prometió que reduciría el Estado hasta hacerlo prácticamente irrelevante. Para un sector de sus seguidores, esta es la máxima expresión del sueño conservador: un gobierno pequeño que deje el poder en manos de los estados y de los ciudadanos. Para sus detractores, es una estrategia peligrosa que amenaza con desmontar las garantías sociales y los equilibrios institucionales que han sostenido a Estados Unidos desde el siglo XX. Con la reciente firma de una orden ejecutiva para minimizar el papel del Departamento de Educación, Trump parece decidido a avanzar en su cruzada contra el aparato estatal.
La maniobra no es un hecho aislado. Se inscribe en una agenda más amplia de desregulación y desmantelamiento institucional que busca redefinir el papel del Estado federal en la vida de los estadounidenses. La pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar? Y, quizás más importante aún, ¿cuáles serán las consecuencias a medio y largo plazo?
La descentralización como bandera
La orden ejecutiva firmada por Trump es clara en su propósito: devolver a los estados el control sobre la educación y reducir el Departamento de Educación a un esqueleto administrativo. Sin embargo, aunque simbólicamente potente, la medida tiene límites legales. El Departamento de Educación fue creado por el Congreso en 1979 y no puede ser desmantelado por decreto presidencial. Este tipo de restricciones no parece frenar al expresidente, que ha optado por una estrategia indirecta: vaciar de competencias el organismo y transferir sus funciones a otras agencias federales.
El traslado de la gestión de los préstamos estudiantiles a la Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration) y la reasignación de los programas de educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) son ejemplos de esta táctica. Si bien podría interpretarse como una mera reorganización administrativa, el trasfondo ideológico es evidente: reducir la influencia del gobierno central en sectores clave como la educación y reforzar la autonomía de los estados.
El riesgo de un Estado desmantelado
La visión de un gobierno reducido al mínimo no es nueva en la historia de Estados Unidos. Desde los años 80, con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, la derecha conservadora ha abogado por reducir la intervención estatal y promover el libre mercado como motor del desarrollo. “El gobierno no es la solución a nuestros problemas; el gobierno es el problema”, sentenció Reagan en su primer discurso inaugural. Cuatro décadas después, Trump parece haber llevado esa consigna al extremo.
Sin embargo, esta visión plantea serias incógnitas. ¿Qué ocurre cuando el Estado se retira de áreas esenciales como la educación, la sanidad o la protección civil? La experiencia de otros países ofrece respuestas inquietantes. En el Reino Unido, por ejemplo, la privatización y recorte de servicios públicos iniciados durante la era Thatcher han derivado en un debilitamiento del sistema sanitario y en crecientes desigualdades sociales.
El politólogo Francis Fukuyama advierte en su obra Political Order and Political Decay sobre los riesgos de un Estado excesivamente débil. Según Fukuyama, la capacidad estatal —entendida como la habilidad del gobierno para implementar políticas y hacer cumplir la ley— es esencial para garantizar la estabilidad y el bienestar de las sociedades modernas. Reducirla más allá de ciertos límites puede derivar en un deterioro de los servicios públicos y en un aumento de la desconfianza hacia las instituciones.
Cultura, ideología y polarización
La ofensiva de Trump contra el Departamento de Educación no es solo una cuestión administrativa. Forma parte de una batalla cultural más amplia en la que la educación ha sido convertida en un campo de disputa ideológica. Durante su campaña, el expresidente denunció lo que calificó como “adoctrinamiento izquierdista” en las escuelas y prometió devolver el control a los estados y a las familias. Esta narrativa conecta con el malestar de un sector conservador que percibe la educación pública como un instrumento de imposición ideológica progresista.
El debate sobre la inclusión de temáticas relacionadas con la identidad de género, la diversidad racial o la historia colonial en los currículos escolares ha alimentado la polarización. Para los críticos de Trump, su retórica fomenta un clima de confrontación y socava los esfuerzos por construir una educación inclusiva y plural. Para sus seguidores, representa una defensa legítima de los valores tradicionales frente a lo que consideran un exceso de corrección política.
Un Estado en retroceso, ¿y después qué?
Más allá de la controversia ideológica, el intento de desmantelar parcialmente el Departamento de Educación plantea una cuestión más profunda: ¿es sostenible un modelo de gobierno basado en un Estado mínimo? La respuesta depende en gran medida de qué funciones se decida preservar y cuáles se consideren prescindibles.
En su obra The Road to Serfdom, el economista Friedrich Hayek defendía que un exceso de intervención estatal puede conducir al autoritarismo. Pero incluso Hayek reconocía la necesidad de un mínimo de regulación para garantizar el buen funcionamiento del mercado y proteger los derechos individuales. El desafío, entonces, radica en encontrar un equilibrio que permita reducir la burocracia sin desmantelar las estructuras básicas que sostienen el contrato social.
Conclusión: ¿Desregulación o debilitamiento?
El intento de Trump de reducir el tamaño del Estado puede interpretarse como un gesto simbólico hacia su base electoral o como un experimento ideológico con consecuencias aún inciertas. Lo que está claro es que esta estrategia no se limita al ámbito educativo. Desde su llegada al poder, Trump ha buscado debilitar o desmantelar diversas agencias federales, desde la Agencia de Protección Ambiental (EPA) hasta el Departamento de Estado.
El legado de esta política dependerá, en última instancia, de cómo evolucionen las dinámicas políticas en Estados Unidos y de si futuras administraciones deciden revertir o consolidar estas reformas. En cualquier caso, el debate sobre el tamaño y el papel del Estado seguirá siendo una cuestión central en la política estadounidense y, por extensión, en el futuro del orden liberal occidental.
Mientras tanto, la Administración Trump parece decidida a demostrar que, en su visión del gobierno, menos siempre es más.
