<div class="lRu31" dir="ltr"> <div class="OvtS8d"> <h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha asegurado, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, que España cuenta con “mecanismos” adecuados “para identificar y controlar los riesgos asociados a los suministradores de tecnología 5G”, en referencia a las actividades de espionaje supuestamente llevadas a cabo por China a través de empresas de telecomunicaciones.</strong></h4> El pasado 11 de diciembre, Pablo Hispán y Belén Hoyo, diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, registraron una pregunta por escrito al Gobierno en la que aseguran, a partir de informaciones de <em>The Wall Street Journal</em>, que “Pekín está llevando a cabo actividades de espionaje a una escala sin precedentes” y movilizando, para ello, “a agencias de seguridad, empresas privadas y civiles chinos en su afán por debilitar a los Estados rivales y reforzar la economía del país”. Por ese motivo, el PP pregunta, “a la luz de la información sobre a actividad de inteligencia del Gobierno chino, así como la doctrina estratégica de la OTAN”, si “tiene pensado el Gobierno vetar el acceso al 5G a alguna empresa de telecomunicaciones de dicho país” y “cuándo va a aplicar la normativa de la UE sobre el acceso de las empresas chinas a las redes de telecomunicaciones”. En su respuesta, registrada el pasado 13 de febrero y publicada esta semana por el Boletín Oficial del Congreso, el Gobierno asegura que “ha adoptado una postura firme y proactiva para garantizar la seguridad de las redes de telecomunicaciones 5G, en línea con la normativa europea”. Esta postura, prosigue, se refleja en “la aprobación del Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, así como en el Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G, aprobado por el Real Decreto 443/2024, de 30 de abril”. En este marco normativo, continúa, “España ha habilitado mecanismos para identificar y controlar los riesgos asociados a los suministradores de tecnología 5G”. En concreto, explica el Gobierno, la ley permite declarar a determinados proveedores como “suministradores de alto riesgo", tomando en cuenta tanto factores técnicos como la posible exposición a injerencias externas. “Esta declaración puede realizarse en cualquier momento, de forma preventiva, y conlleva la posibilidad de restringir o vetar su acceso a la red”, añade. Además, asegura el Ejecutivo, “en las zonas consideradas críticas por razones de seguridad nacional, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública podrá excluir la instalación de equipos 5G de cualquier proveedor, sin necesidad de que previamente haya sido declarado de alto riesgo”. “Esta medida se aplica caso por caso, con el fin de salvaguardar los intereses estratégicos de España”, precisa. El Gobierno asegura también que “España ya está aplicando la normativa de la Unión Europea en materia de ciberseguridad de las redes de telecomunicaciones 5G, en especial a través de la plena implementación de la ‘Cybersecurity Toolbox 5G’, aprobada por la Comisión Europea”. “Este marco incluye medidas estratégicas y técnicas destinadas a mitigar los riesgos para la seguridad de las redes 5G y posteriores”, añade. Por lo tanto, prosigue, “España ya ha comenzado a aplicar de forma efectiva la normativa de la UE para controlar el acceso de empresas extranjeras a las redes de telecomunicaciones, en especial a las 5G”. “La normativa actual no solo está en vigor, sino que se aplica mediante un enfoque preventivo, flexible y adaptado a las necesidades de seguridad nacional”, concluye. </div> <div id="ow500"></div> </div> <div class="UdTY9 WdefRb" aria-hidden="true" data-location="2"></div>
