<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Socialista ha instado al Gobierno a rechazar la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales en Bielorrusia, a apoyar a “la oposición y la sociedad civil bielorrusa en su causa a favor de una transición democrática en el país” y a exigir la retirada del armamento nuclear ruso desplegado en el país.</strong></h4> En una Proposición no de Ley presentada el pasado 7 de febrero para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, el Grupo Socialista recuerda que la candidatura del presidente Aleksandr Lukashenko obtuvo el 86 por ciento de los votos el pasado 26 de enero, “según datos del Gobierno bielorruso en unas elecciones presidenciales criticadas por la comunidad internacional” y calificadas de “farsa” por la Unión Europea. Lukashenko, que lleva desde 1994 en el poder, se asegura de esta manera su séptimo mandato. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no fue invitada para observar las elecciones, pero la propia OSCE emitió una declaración en nombre de todos los Estados miembros de la organización, incluida España, en la que afirmó qu,e las elecciones presidenciales no fueron ni libres ni justas y su resultado fue predeterminado por el Gobierno de Bielorrusia”. Según el PSOE, el gobierno del presidente Lukashenko “es reconocido como uno de los más represivos del mundo”. Actualmente, se contabilizan más de 1.250 presos políticos en el país, muchos de ellos en condiciones inaceptables que vulneran sus derechos, y el Informe sobre el Comité contra la Tortura adoptado en la 79 sesión de la Asamblea General de la ONU concluyó que “las autoridades bielorrusas practican la tortura de forma sistemática y con impunidad en su territorio”. Aparte, mientras más de 500.000 ciudadanos bielorrusos se han exiliado desde 2020, entre ellos la candidata opositora Svetlana Tijanóvskaya (que en los comicios de ese año reclamó haber conseguido más del 60% de los votos y que “ha abanderado la causa por una transición democrática”), el último mandato de Lukashenko se ha caracterizado por “una serie de reformas institucionales para perpetuar el poder del dictador ante una eventual sucesión en el futuro”. Además, prosigue la moción, el régimen de Lukashenko ha apoyado y participado en la invasión rusa de Ucrania. “A cambio de financiación, Bielorrusia se ha convertido en un instrumento más en la política exterior del régimen de Vladimir Putin”, denuncia el PSOE. “Es desde territorio bielorruso desde donde el ejército ruso lanzó el intento de invasión de Kiev en febrero de 2022 y, desde entonces, Rusia ha utilizado el país como base de apoyo para su guerra de agresión tal y como ha venido denunciando el Gobierno de Ucrania y la Unión Europea, entre otros”, añade. En marzo de 2023, según la Proposición no de Ley, Rusia instaló armas nucleares tácticas en territorio bielorruso incluyendo, según la organización Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), ojivas nucleares para misiles Iskander-M, que pueden alcanzar objetivos a 500 kilómetros de distancia. “En este contexto de represión a cualquier forma de oposición en la política doméstica y de sometimiento a la voluntad del Kremlin en la política exterior se han desarrollado las elecciones presidenciales de 2025”, destaca el Grupo Socialista. “Dicho contexto hace imposible otorgar legitimidad al proceso electoral”, prosigue el texto, que recuerda que el Parlamento Europeo, en su resolución del 22 de enero de 2025, consideró que el régimen de Lukashenko es ilegítimo y denunció la “falta de libertad y transparencia ante las llamadas elecciones presidenciales de Bielorrusia”. Por todo ello, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a “rechazar la legitimidad de las elecciones presidenciales de Bielorrusia de 2025 por no cumplir con los estándares internacionales mínimos de un proceso democrático”, a apoyar a “la oposición y la sociedad civil bielorrusa en su causa a favor de una transición democrática en el país” y a respaldar “las decisiones del Consejo Europeo de sancionar a los individuos responsables de la perpetuación de la autocracia en Bielorrusia y de la represión a la oposición, a la sociedad civil y a medios de comunicación”. Asimismo, pide que se exija al Gobierno de Bielorrusia “el fin de las prácticas de tortura” y de “la impunidad con la que se llevan a cabo” y que se pida la liberación de todos los presos políticos y se facilite “una transición democrática que culmine con la organización de unas elecciones justas, libres y transparentes”. Por último, insta al Gobierno español a “denunciar el apoyo del Gobierno de Bielorrusia a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y exigir la retirada del armamento nuclear del país”.
