<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que investigue los presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Con ello, España se une a una petición conjunta efectuada por 38 Estados al tribunal de La Haya a raíz de la invasión rusa</strong><strong>.</strong></h4> Según el acuerdo aprobado ayer, España ha decidido <strong>“remitir la situación en Ucrania al Fiscal de la Corte Penal Internacional con el fin de solicitarle que investigue todos los actos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio que presuntamente se hayan producido en el territorio de Ucrania a partir del 21 de noviembre de 2013, incluidas las denuncias de crímenes actuales y en curso que se produzcan en todo el territorio de Ucrania, solicitando así a la Corte que ejerza su jurisdicción con respecto al ámbito jurisdiccional aceptado por Ucrania”.</strong> La petición se ampara en <strong>el artículo 14 del Estatuto de Roma</strong> -por el que se establece la Corte Penal Internacional-, que prevé que todo Estado Parte podrá remitir al fiscal cualquier sospecha de comisión de uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir que se investiguen estos hechos a fin de determinar las posibles acusaciones. <strong>A raíz de la agresión de Rusia en Ucrania, 38 Estados, incluida España, han acordado hacer uso de este artículo enviando una carta consensuada al fiscal.</strong> Según explicó ayer <strong>la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez</strong>, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la carta ha sido consensuada por los 38 Estados ante la “escalada de atrocidades cometidas durante la invasión y como solidaridad con el pueblo ucraniano”. “España cree que (el presidente ruso, Vladimir) Putin tendrá que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional y se deben investigar presuntos crímenes de guerra de lesa humanidad o de genocidio”, añadió. De acuerdo con la Ley de 2003 de Cooperación con la Corte Penal Internacional, corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta conjunta del ministro de Asuntos Exteriores y del ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia. La petición será remitida al fiscal por la Embajada de España en La Haya (Países Bajos), sede de la CPI. Por su parte, la Fiscalía General del Estado también ha abierto sus propias investigaciones para analizar estos hechos en el ámbito de la legislación española, explicó la portavoz. “A propuesta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, el Consejo de Ministros ha dispuesto hoy la remisión de nuestra petición”, declaró <strong>el ministro de Exteriores, José Manuel Albares</strong>, a través de su cuenta oficial de Twitter. <strong>El Estatuto de Roma no ha sido firmado ni ratificado por Estados Unidos, Rusia ni China</strong>, entre otros países.
