<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Las Cortes Generales han instado al Gobierno a condenar y combatir todas las formas de violencia contra los menores” y a apoyar, en el seno de la Unión Europea, el “pleno cumplimiento” de las obligaciones establecidas en las diferentes Convenciones relativas a la participación de niños en los conflictos armados.</strong></h4> La Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada en sus términos por la Comisión Mixta para la Unión Europea el pasado 19 de diciembre, insta al Ejecutivo a “continuar condenando y combatiendo todas las formas de violencia contra los menores, por protegerles y defender sus derechos, incluidas su salud física, mental y psicosocial, así como el acceso a los servicios básicos”. Asimismo, pide que se siga apoyando en el seno de la Unión Europea y entre sus Estados miembros el “pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en las diferentes Convenciones relativas a la participación de niños en los conflictos armados” y que se siga promoviendo, “en instancias internacionales y foros multilaterales”, las políticas para el fortalecimiento de la protección de la población civil contra las consecuencias humanitarias derivadas de los conflictos armados. La moción insta también al Gobierno a “continuar promoviendo, en instancias internacionales y foros multilaterales, esfuerzos en la resolución de conflictos y la prevención de las violaciones graves de los derechos de los menores, así como el respeto, la defensa y el cumplimiento de sus derechos y la protección conforme al Derecho Internacional humanitario y en materia de derechos humanos”. A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda de la formación ultraderechista Vox, que fue rechazada, en la que se insta al Gobierno a “promover la realización a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela de los gobiernos regionales, de pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible y con la finalidad de evitar el fraude”, así como a “impulsar la elaboración de un protocolo general para la determinación de la edad de los ilegales bajo tutela de los gobiernos regionales, que contemple la realización de pruebas periciales y médicas más exhaustivas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera”.
