Eduardo González
El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha limitado a recordar el “compromiso con la protección y la garantía de los derechos humanos” de la Declaración Conjunta entre España y Marruecos para sortear una pregunta del Grupo Parlamentario Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, sobre la persecución de periodistas saharauis por parte de Rabat.
En una pregunta parlamentaria por escrito, Sumar denuncia la represión ejercida por Marruecos contra los periodistas de la agencia de Equipe Media, “una agencia de noticias independiente que trabaja en los territorios ocupados del Sáhara Occidental· y que lleva “años en el radar de las autoridades marroquíes”.
Al respecto, Sumar recuerda la persecución y expulsión de Ahmed Ettanji, Mohamed Mayara, “responsables más visibles de esa organización”, y el arresto de Ahmed Bahi, un activista saharaui que salió en defensa de los expulsados.
Según Sumar, la organización Reporteros sin Fronteras ha calificado de “desierto informativo” la situación del periodismo en “los territorios de la excolonia española ocupados desde 1976 por Marruecos” y ha denunciado la “persecución y constante represión de los reporteros saharauis que intentan hacer periodismo alternativo al margen de la oficialidad marroquí, muchas veces condenados a desorbitadas penas de cárcel”.
Por ello, la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz pregunta al Ministerio de Exteriores si “emitirá protesta, nota verbal o comunicado condenando la persecución de periodistas como Ahmed Ettanji o Mohamed Mayara por parte del Reino de Marruecos”, si va a tomar “alguna medida para impedir que Marruecos continúe en el futuro actuando contra medios y periodistas que operan en Sáhara Occidental” y si “intercederá para asegurar la salud y seguridad de los periodistas saharauis”.
En su respuesta, firmada el 22 de noviembre y publicada esta semana por el Boletín Oficial del Congreso, el Ministerio de Asuntos Exteriores se limita a responder que “los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España” y que, “desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se defienden y promocionan en todos los países (…) tanto bilateralmente como a través de la Unión Europea”-
Asimismo, añade que, “en el punto 3 de la Declaración Conjunta suscrita tras la Reunión de Alto Nivel (RAN), con Marruecos del 2 de febrero de 2022 (realmente fue en febrero de 2023), ambas partes reiteran su compromiso con la protección y la garantía de los derechos humanos como base imprescindible para la convivencia democrática, el Estado de derecho y la buena gobernanza”.
Desde la inesperada decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de avalar, a principios de 2022, el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, las autoridades españolas han sido criticadas por su aparente complicidad de España con Marruecos en materia de derechos humanos. Pocas fechas antes de la celebración de la RAN, los eurodiputados socialistas españoles votaron en el Parlamento Europeo en contra de una resolución crítica con la situación de los derechos humanos en Marruecos, en nombre de la “responsabilidad y en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento”.
También en vísperas de la RAN, Exteriores respondió casi exactamente con las mismas palabras a dos preguntas del PP sobre la situación de los presos políticos saharauis y sobre el encarcelamiento del abogado, dirigente opositor y exministro de Derechos Humanos Mohamed Ziane, de 80 años y de nacionalidad española.
