El Gobierno afirma que la suspensión del voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos vulnera la Constitución

Eduardo González Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ha manifestado su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho de voto de las personas que se han inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) después de obtener la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática (“Ley de Nietos”), por considerar que vulnera la propia Constitución, que establece que se debe facilitar el “sufragio activo” de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. El pasado martes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó la medida cautelar solicitada en los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, del pasado 16 de julio, en relación a la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero de personas a quienes se ha otorgado la nacionalidad española. En los dos autos, el Supremo advierte de que el “incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA” puede “afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados”. Concretamente, el censo ha aumentado en 408.262 electores en los tres últimos años, desde los 2.328.260 de las elecciones generales de 2023 hasta los 2.736.522 del pasado 1 de julio. Este incremento, prosigue, “genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible”. Por ese motivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la petición de las medidas cautelares a fin de evitar “una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral”. La suspensión tendrá carácter temporal y estará supeditada a la sentencia del Supremo. A juicio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, esta decisión ignora un derecho fundamental y supone una vulneración de la propia Constitución, que establece que se debe facilitar el “sufragio activo” de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Por tanto, han solicitado, en nombre del Gobierno, la inadmisión del recurso y que se desestimen las medidas solicitadas por los recurrentes. Según las dos entidades gubernamentales, la inscripción en el CERA “simplemente es una consecuencia ulterior” de haber adquirido la nacionalidad. Por ello, Abogacía del Estado considera que el recurso de Vox y de Iustitia Europa debió dirigirse “contra la adquisición de la nacionalidad”, pero no contra las “consecuencias legales” de su obtención, incluida “la inscripción al CERA”. También recuerda que la inscripción en el CERA es independiente del “modo de adquisición de la nacionalidad”, por lo que, a su juicio, el recurso supone una discriminación para los españoles que se han nacionalizado en función de la Ley de Nietos. Abogacía del Estado también advierte de que no hay pruebas de que el aumento del censo “vaya a producir una creación real de resultados de un grupo de procesos electorales”, por lo que los argumentos de la parte recurrente se basan “exclusivamente en riesgos hipotéticos y eventuales”. Pedro Sánchez En declaraciones a TVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este miércoles su rechazo a la resolución del Tribunal Supremo y expresó su deseo de que se pueda resolver este problema “cuanto antes”, a ser posible “antes de las elecciones de 2027”. Asimismo, recordó que la Ley de Memoria Democrática (LMD) fue aprobada en 2022 y que el Partido Popular fue, precisamente, el partido más beneficiado por el voto exterior en las elecciones generales de julio de 2023, sobre todo en “determinadas circunscripciones provinciales”, en las que los electores del CERA, “cambiaron y alteraron” el voto “en favor del PP y en contra del Partido Socialista”. Ese fue el caso de la Comunidad de Madrid, donde el voto exterior únicamente afectó a un escaño (y no a varios, como asegura el PP) y fue, precisamente, en favor del PP y en perjuicio del PSOE. Por todo ello, Sánchez se preguntó por qué el PP “hoy cambia de posición” sobre una ley que “lleva unos cuantos años en vigor” y bajo la cual “se han celebrado elecciones”. A su juicio, todo ello forma parte del “cuestionamiento de los regímenes democráticos” por parte de la “ultraderecha y una derecha cada vez más ultra” mediante la propagación de “bulos” relacionados con supuestos “pucherazos”, como, “por desgracia, hemos visto en países con grandes democracias como es Estados Unidos”. El CRE de Venezuela Por su parte, el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Venezuela ha rechazado en un comunicado la decisión del Tribunal Supremo y ha reclamado el pleno reconocimiento de los derechos de los españoles residentes en el exterior frente a quienes pretenden cuestionar o restringir los derechos adquiridos por ciudadanos españoles de origen al amparo de esta Ley de Nietos. El CRE de Venezuela considera que la LMD ha permitido a muchos descendientes de españoles recuperar o acceder a la nacionalidad española después de varias décadas en las que sus vínculos con España estuvieron condicionados por circunstancias históricas, políticas, económicas o migratorias. Por ello, advierte de que los españoles nacidos o residentes fuera de España no pueden ser considerados ciudadanos de segunda categoría ni ver cuestionados sus derechos políticos únicamente por el lugar en que hayan nacido. PP y Vox A finales del pasado mes de junio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció que la “Ley de Nietos” es una “ingeniería electoral” puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar derecho a voto a 2,5 millones de personas en un espacio muy corto de tiempo. Asimismo, aseguró que “está habiendo mucha arbitrariedad” en el procedimiento de inscripción de los nuevos ciudadanos españoles en el censo electoral, lo cual podría derivar en la asignación de provincias a los nuevos españoles en función de las necesidades electorales del PSOE. Por su parte, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, declaró que esta norma supone un “golpe de Estado a cámara lenta” y reclamó que se prive a los españoles residentes en el extranjero del voto por correo. Tras las denuncias del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que “lo que el Partido Popular quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar”, y denunció la “enorme hipocresía” de Feijóo y del PP porque “lo que llevaban en su programa electoral del año 2023 era precisamente esta ley”.

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