Sumar pide al Gobierno que exija a Marruecos la liberación del preso político saharaui Naama Asfari

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinaclonal Sumar ha pedido al Gobierno que exija a Marruecos “la liberación inmediata e incondicional” del preso político saharaui Naama Asfari, que lleva 15 años encarcelado en la prisión marroquí de Kenitra desde el asalto marroquí al campamento de protesta Gdeim Izik y para quien el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ha reclamado también “la liberación inmediata” y que se investiguen “de manera independiente las denuncias de tortura y malos tratos” a que ha sido presuntamente sometido. En una Proposición no de Ley presentada el pasado 16 de julio por los diputados Agustín Santos Maraver (exembajador de España ante la ONU), Teslem Andala Ubbi (de origen saharaui y más conocida como Tesh Sidi) y Gerardo Pisarello Padros para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Sumar denuncia el “patrón continuado de represión sistemática del Reino de Marruecos contra la población civil saharaui, en particular contra quienes defienden de forma pacífica el derecho de autodeterminación”, y las violaciones de derechos humanos de que son víctimas los miembros del llamado “grupo Gdeim Izik”, como “el aislamiento en celdas individuales, los malos tratos y las restricciones sistemáticas a derechos fundamentales como la atención sanitaria y las visitas familiares”. “Entre estos casos destaca el de Naama Asfari, reconocido defensor saharaui de los derechos humanos, vicepresidente del Comité para las Libertades y el Respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CORELSO), integrante del denominado Grupo de Gdeim Izik”, y que “fue detenido el 7 de noviembre de 2010, un día antes del desmantelamiento por las fuerzas marroquíes del campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik”. Según Sumar (socio minoritario del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez), Asfari, “durante su detención, permaneció desaparecido varios días y denunció haber sido sometido a graves actos de tortura y malos tratos para obtener confesiones autoinculpatorias”. “Posteriormente fue condenado inicialmente por un tribunal militar y, tras la anulación de dicha sentencia, volvió a ser condenado por un tribunal civil a 30 años de prisión, en un procedimiento ampliamente cuestionado por organizaciones internacionales debido a la ausencia de garantías procesales, la utilización de confesiones obtenidas bajo tortura y la falta de investigación efectiva sobre dichas denuncias”, prosigue la moción. “El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, mediante su Opinión n.º 23/2023, concluyó que la privación de libertad de Naama Asfari es arbitraria, instó al Reino de Marruecos a proceder a su liberación inmediata, reconocer su derecho a una reparación efectiva e investigar de manera independiente las denuncias de tortura y malos tratos. Más de dos años después, dicho dictamen continúa sin ser ejecutado”, añade. Aparte, “durante sus más de quince años de encarcelamiento, Asfari ha denunciado reiteradamente sufrir aislamiento, restricciones arbitrarias de comunicaciones, negligencia médica, represalias disciplinarias y condiciones incompatibles con las Reglas Mándela de Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de libertad”, continúa. El pasado 8 de junio de 2026, Naama Asfari inició una huelga de hambre indefinida para exigir el cumplimiento del dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, denunciar las condiciones de encarcelamiento de los presos políticos saharauis y reclamar su traslado al Sáhara Occidental para facilitar el contacto con sus familias. Después de 47 días, el propio Asfari anunció el pasado 24 de julio la suspensión de la huelga de hambre indefinida tras la apertura de un canal de diálogo por parte de la administración penitenciaria marroquí sobre sus demandas humanitarias y legales, según informó la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Prisiones Marroquíes. Por todo ello, Sumar insta al Gobierno a “exhortar al Reino de Marruecos a la liberación inmediata e incondicional de Naama Asfari y del conjunto de los presos políticos saharauis, dando cumplimiento a la Opinión n.º 23/2023 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y a las restantes resoluciones y recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos”. Asimismo, insta al Ejecutivo a “impulsar, tanto bilateralmente como en el seno de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, las iniciativas diplomáticas necesarias para garantizar el cumplimiento de dicho dictamen y promover una respuesta de la comunidad internacional (…) a la situación que padecen los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes para poner fin a las medidas de aislamiento, dispersión, hostigamientos y malos tratos, restricciones de visitas y negligencia médica”. La situación del Sáhara Occidental es el principal punto de fricción internacional entre los dos componentes del Ejecutivo de coalición, PSOE y Sumar, desde la inesperada decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de avalar, a principios de 2022, el plan de autonomía propuesto por Marruecos. En todo este tiempo, el Gobierno ha intentado esquivar todas las preguntas o iniciativas parlamentarias de Sumar u otros grupos relacionadas con los derechos humanos en Marruecos o en el Sáhara Occidental.

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