Sumar pide al Gobierno que denuncie “la detención arbitraria” del expresidente peruano Pedro Castillo

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinaclonal Sumar ha pedido al Gobierno que Impulse, “en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales”, todas las acciones oportunas para denunciar “la detención arbitraria” del expresidente peruano Pedro Castillo y para reclamar su “inmediata puesta en libertad”. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció, en un mensaje a la nación, su decisión de disolver “temporalmente” el Congreso nacional, justamente cuando se disponía a debatir su posible destitución, y de decretar la formación de un gobierno de excepción. El expresidente fue detenido tres horas después del anuncio. Inmediatamente después de este intento de “autogolpe”, el Gobierno español emitió un comunicado en el que condenaba “firmemente la ruptura del orden constitucional en Perú” y se congratulaba “por el restablecimiento de la normalidad democrática” en el país. En una Proposición no de Ley presentada el pasado 21 de julio para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Sumar (socio minoritario del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez denuncia que el “expresidente constitucional de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones”, permanece “privado de libertad desde el 7 de diciembre de 2022 en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo (Lima), sometido a un prolongado régimen de prisión preventiva mientras continúa paralizado el procedimiento penal que se sigue contra él”. Según la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, “desde el inicio de su detención se han formulado numerosas denuncias relativas a la legalidad de su privación de libertad, al respeto de las garantías constitucionales previstas para el enjuiciamiento de un presidente de la República, al ejercicio efectivo de su derecho de defensa y a las condiciones de su reclusión”. Aparte, prosigue, “diversas instancias internacionales también han manifestado su preocupación por la evolución del Estado de derecho en el Perú”. “En particular, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados advirtió de que determinadas reformas podían comprometer la independencia judicial al someter a jueces y fiscales a presiones incompatibles con el ejercicio independiente de sus funciones”, recuerda. “Asimismo, la crisis política desencadenada tras la destitución del presidente Castillo estuvo acompañada de una grave represión de las movilizaciones sociales registradas entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023”, prosigue. “Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, documentaron un uso excesivo y, en numerosos casos, letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con decenas de personas fallecidas, centenares de heridas y numerosas detenciones”, añade. Por otra parte, la moción presentada por los diputados Agustín Santos Maraver (exembajador de España ante la ONU) y Gerardo Pisarello recuerda que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha advertido de que “la privación de libertad del expresidente Pedro Castillo constituye una detención arbitraria”, por vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y diversos preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que “durante el procedimiento no fueron respetadas garantías esenciales del derecho a un juicio justo, entre ellas el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por una autoridad independiente e imparcial”. A juicio del citado Grupo de Trabajo, “el remedio adecuado para reparar la vulneración declarada consiste en la puesta en libertad inmediata de José Pedro Castillo Terrones, además del reconocimiento de su derecho a una reparación efectiva conforme al Derecho internacional”. Por todo ello, Sumar insta al Gobierno a “impulsar, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, todas las acciones oportunas para promover el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la Opinión núm. 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, especialmente la relativa a la inmediata puesta en libertad del expresidente constitucional de la República del Perú, José Pedro Castillo Terrones”.

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