Feijóo asegura que el PP cambiará el Código Civil para frenar el “abaratamiento” de las nacionalizaciones

Eduardo González El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido está “trabajando” para modificar el Código Civil en materia de nacionalidad para frenar el “abaratamiento inédito” de las concesiones de la ciudadanía española. Por su parte, el Tribunal Supremo ha pedido a la Junta Electoral Central que remita toda la documentación relacionada con la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática (la llamada “Ley de Nietos”). Durante la presentación del balance del curso político en la sede nacional del partido, Feijóo aseguró que el PP ya está “trabajando en una modificación del Código Civil para ordenar la nacionalidad futura de los españoles”, algo que considera fundamental tras el ¡abaratamiento inédito” de la nacionalidad, “el vínculo más importante que tiene un Estado con sus ciudadanos”. A finales del pasado mes de junio, Alberto Núñez Feijóo denunció que la “Ley de Nietos” es una “ingeniería electoral” puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar derecho a voto a 2,5 millones de personas en un espacio muy corto de tiempo. Asimismo, aseguró que “está habiendo mucha arbitrariedad” en el procedimiento de inscripción de los nuevos ciudadanos españoles en el censo electoral, lo cual podría derivar en la asignación de provincias a los nuevos españoles en función de las necesidades electorales del PSOE. Por su parte, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, declaró que esta norma supone un “golpe de Estado a cámara lenta” y reclamó que se prive a los españoles residentes en el extranjero del voto por correo. Tras las denuncias del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que “lo que el Partido Popular quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar”, y denunció la “enorme hipocresía” de Feijóo y del PP porque “lo que llevaban en su programa electoral del año 2023 era precisamente esta ley”. ADE y CGCEE En declaraciones a The Diplomat, el presidente de la Asociación de Diplomáticos de España (ADE), Alberto Virella, pidió a principios de julio a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia que tomen por sí mismos la iniciativa de explicar a los ciudadanos cuáles son las normas existentes para domiciliar en España a las personas que adquieren la nacionalidad española. Asimismo, advirtió este viernes de que a los nacionalizados se les asignan las provincias en base a tres criterios: localidad última de residencia en España, localidad de origen familiar del antepasado que se tuvo que marchar de España, en el caso de los descendientes nacidos en el extranjero; y localidad de España con la que el solicitante pueda documentar algún tipo de arraigo o de vínculo personal. “No se contempla que, por defecto o falta de una provincia concreta, sea el cónsul general quien decida” al respecto, aseguró. Por su parte, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aseguró la semana pasada que la concesión de la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Nietos “no se limita a supuestos de exilio político, sino que contempla diversos supuestos relacionados con la transmisión de la nacionalidad española expresamente previstos por el legislador”, y precisó que su finalidad “es corregir situaciones históricas que impidieron o dificultaron la transmisión de la nacionalidad española a determinados grupos de descendientes de españoles en el exterior”. Asimismo, el Consejo advirtió, en respuesta a las acusaciones del Partido Popular y de Vox, de que “no se está realizando ninguna ‘nacionalización exprés” para favorecer la participación de los nuevos españoles en los procesos electorales, sino que “la tramitación de los expedientes continúa desarrollándose a través de procedimientos administrativos y requerirá aún varios años para completarse, debido al elevado número de expedientes pendientes de resolución”. Tribunal Supremo Por otra parte, el Tribunal Supremo ha requerido a la Junta Electoral Central (JEC) que remita, en el “improrrogable plazo de veinte días”, toda la documentación relacionada con el procedimiento de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática (la llamada “Ley de Nietos”), en el marco del recurso presentado por la organización conservadora y euroescéptica Iustitia Europa contra la inscripción en el CERA de los nuevos españoles. La JEC se ha negado a interrumpir cautelarmente el procedimiento de elaboración del censo por considerar que la Constitución garantiza el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero y que la administración electoral debe aplicar la normativa vigente, sin sustituir el criterio fijado por el legislador. No obstante, ha solicitado instrucciones a la Oficina del Censo Electoral sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Aparte, el Supremo considera que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de esta ley debe estar “suficientemente motivada” si no se corresponde con su último domicilio en España. A juicio de Iustitia Europa, no existe información pública suficiente sobre cuántas altas en el CERA proceden de expedientes tramitados al amparo de la LMD ni sobre su distribución territorial o el procedimiento seguido en cada caso. Asimismo, el Supremo ha acordado abrir una pieza separada para estudiar la solicitud de suspensión cautelar de las nuevas inscripciones en el CERA, tal como ha propuesto Iustitia Europa. La Ley de Memoria Democrática, que sucedió a la Ley de Memoria Histórica de 2007, está en vigor desde octubre de 2022 después de ser aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y con los votos en contra, entre otros, de Partido Popular y Vox. La norma concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. A fecha del 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450 y el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. La concesión de la nacionalidad figura en la disposición adicional octava de la “Ley de Nietos”. Pese a ello, las más de 70 enmiendas presentadas en su momento por el PP a la ley no incluían ninguna mención a esta disposición.

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