ADE rechaza la externalización de la labor consular y el “oscurantismo” en la aplicación de la “Ley de Nietos”

The Diplomat La Asociación de Diplomáticos de España (ADE) ha alertado contra “la externalización del trabajo asignado a la red consular” y contra el “oscurantismo y carencia de aclaraciones” en el marco de los procesos de nacionalización al amparo de la Ley de Memoria Democrática (la “Ley de Nietos”) o de regularización de inmigrantes, y ha defendido “la integridad y profesionalidad de los funcionarios, incluidos los diplomáticos en funciones consulares”. En una nota de prensa publicada el pasado 14 de julio, la ADE ha vuelto a alertar sobre “la prolongada desatención que sufre el Servicio Exterior de España y, en particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (MAEUEC), el único departamento ministerial cuya razón de ser es la acción exterior del Estado y servir a los ciudadanos españoles en el extranjero”. “La precariedad de recursos humanos, materiales, técnicos y de infraestructuras, resultado de décadas de dejadez gubernamental, se ha agravado por la deficiente gestión del actual equipo de responsables políticos del ministerio”, prosigue. “Por falta de voluntad política o por simple incapacidad, no ha logrado convencer al Consejo de Ministros de la necesidad de acompañar con recursos humanos adicionales el notable incremento de la carga de trabajo”, generado por el “aumento exponencial de ciudadanos españoles en el exterior y de su demanda de servicios, el elevado número de solicitudes de nacionalidad, de solicitudes de visados y de gestiones derivadas del proceso de regularización de inmigrantes, por citar algunas funciones de la red consular”. Según la ADE, “la decisión política de no destinar más funcionarios públicos a la red consular y, en general, al Servicio Exterior y optar por la contratación temporal local de empleados públicos conlleva serias limitaciones”. “Estos empleados locales son necesarios y, en muchos consulados, en mayor número que en la actualidad, pero no pueden reemplazar a los funcionarios”, advierte la Asociación. Por todo ello, la ADE considera que “la externalización del trabajo asignado a la red consular tampoco es una solución adecuada” y advierte de que “puede entrañar riesgos y consecuencias indeseables si no se realiza con transparencia y proporcionando información precisa a los responsables de las unidades de la red consular y también a las instituciones públicas y actores políticos que la soliciten”. Según la ADE, “este oscurantismo y carencia de aclaraciones, especialmente en el marco de los procesos de nacionalización al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de los trámites para la regularización de inmigrantes que debe realizar nuestro servicio consular y diplomático, tiene graves consecuencias”. “La más grave es la sombra de duda lanzada sobre la Administración General del Estado y sobre la fiabilidad del propio sistema electoral”, advierte. “En este contexto, la ADE defiende la integridad y profesionalidad de los funcionarios, incluidos los diplomáticos en funciones consulares. Los funcionarios del Estado saben que su obligación máxima es respetar la ley y, si se les ordena incumplirla, negarse a ello; si aun así no fuera suficiente, pueden recurrir a mecanismos de alerta o denuncia de la corrupción, en sus diversas formas, como ha venido proclamando tanto la ADE como FEDECA”, asegura la Asociación. La nota de prensa se produce tras la polémica generada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando denunció a finales de junio que la “Ley de Nietos” es una “ingeniería electoral” puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar derecho a voto a 2,5 millones de personas en un espacio muy corto de tiempo. Asimismo, aseguró que “está habiendo mucha arbitrariedad” en el procedimiento de inscripción de los nuevos ciudadanos españoles en el censo electoral, lo cual podría derivar en la asignación de provincias a los nuevos españoles en función de las necesidades electorales del PSOE. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal, y ahí queda nuestro aviso”, y el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, declaró que esta norma supone un “golpe de Estado a cámara lenta” y reclamó que se prive a los españoles residentes en el extranjero del voto por correo. Tras las denuncias del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que “lo que el Partido Popular quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar”, y denunció la “enorme hipocresía” de Feijóo y del PP porque “lo que llevaban en su programa electoral del año 2023 era precisamente esta ley”.

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