El Senado vuelve a remitir el Tratado de Amistad con Francia al Tribunal Constitucional a instancias del PP

Eduardo González El pleno del Senado ha vuelto a remitir al Tribunal Constitucional, otra vez a instancias del Partido Popular, el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, tal como ocurrió en el primer intento del Gobierno por sacar adelante un texto que elevaría las relaciones bilaterales al máximo nivel posible. El pleno de la Cámara Alta tenía previsto efectuar este jueves dos votaciones sobre el Tratado; la primera, sobre una solicitud de requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del acuerdo (presentada por el PP) y, la segunda, sobre el texto propiamente dicho. Finalmente, la solicitud del requerimiento al Tribunal Constitucional ha sido aprobada con 146 votos a favor, 112 en contra y dos abstenciones, por lo que ha quedado suspendida la tramitación del tratado hasta la decisión del Tribunal Constitucional y, por tanto, ha decaído el siguiente punto del orden del día. El resultado era más que previsible porque el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Senado. Se trata del segundo recurso de constitucionalidad del PP contra el Tratado. El primero tuvo lugar en febrero de 2025 y fue también respaldado por el pleno del Senado. En estas circunstancias, el texto fue rechazado por el Congreso el 15 de mayo de 2025 a la espera de lo que decidiera el Constitucional y, en diciembre de 2025, el Tribunal optó por no pronunciarse sobre el recurso por considerar que el ‘no’ parlamentario había impedido la validación del texto. La oposición del PP al Tratado está relacionada con el polémico artículo 2.4 del Tratado, que dispone que “un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”. A juicio del partido de Feijóo, esta cláusula es incompatible con la Constitución. Por ello, y para intentar salvar el Tratado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, acordaron, mediante cartas intercambiadas los pasados 6 y 10 de abril de 2026, “la interpretación del artículo 2.4 del Tratado”, en función de la cual se establece que la invitación a los miembros de la otra parte no será para participar en el Consejo de Ministros, sino para “participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado”. Con estos cambios, el Tratado fue nuevamente remitido a las Cortes y aprobado a mediados del pasado mes de junio por el Congreso con 175 votos a favor, 170 en contra y una abstención. En caso de que el texto se vote en el Senado (obviamente, a la espera de lo que decida el Constitucional) y sea rechazado por la Cámara Alta, volverá al Congreso para su votación definitiva, en la que, a diferencia de la anterior, se requerirá la mayoría absoluta (176 votos). Tras el resultado de la votación, Albares ha acusado al PP, a través de las redes sociales, de haber boicoteado “el primer Tratado de Amistad y Cooperación con Francia: nuestro amigo y mayor socio comercial”. “Ataca a 330.000 españoles en Francia, un millón de transfronterizos, 56.000 millones de euros de exportaciones anuales. Va en contra de nuestra posición en Europa y la buena vecindad”, añadió. El debate Durante el debate en el Senado, Miguel Ángel Jerez, del PP, defendió la remisión del Tratado al Tribunal Constitucional porque, “cuando existen dudas fundadas sobre la constitucionalidad de un tratado internacional”, se debe utilizar “el mecanismo que la propia Constitución ha previsto para resolverlas”. Frente “a lo que debería ser un ejercicio que respondiera a la lógica más elemental”, denunció, el Gobierno ha optado por “una actitud irracional y temeraria”. “Cualquier Gobierno sensato, ante las dudas que pudieran surgir en la elaboración de sus tratados, se plantearía conocer el alcance de su constitucionalidad; pero no, este Gobierno ha elegido otro camino, no corregir el tratado, no despejar las dudas, sino pedir a las Cortes y a nuestro grupo un acto de fe”, prosiguió. “Se nos está diciendo que ignoremos la Constitución y que nos creamos lo que dice un papel, una carta, un correo electrónico entre ministros. Esto no es serio”, advirtió. Asimismo, se preguntó “qué significa que un ministro del Gobierno francés pueda participar en los márgenes del Consejo de Ministros”, porque “la Constitución sí que es verdad que reconoce perfectamente lo que es el Consejo de Ministros, lo regula, lo protege”, pero “lo que no regula ni protege la Constitución son los márgenes del Consejo de Ministros, porque no sabe qué son, porque no los define, no les atribuye ningún significado jurídico y, desde luego, no prevé que pueda alterarse la configuración del Consejo de Ministros mediante un intercambio de papeles entre dos ministros de asuntos exteriores”. Por su parte, la senadora Concepción Andreu, del PSOE, denunció, “en nombre de todas las personas razonables que hay en España, incluso en su grupo en el Partido Popular”, el “boicot” que el principal partido de la oposición está “haciendo a las relaciones comerciales, culturales y de cooperación de España con el país vecino”. “Hoy tendríamos que estar celebrando que nuestro país, que España, el país que ustedes dicen querer tanto, se hermana con su vecino Francia para beneficiar a las 300.000 personas españolas que están viviendo en Francia, o para beneficiar también a los 500.000 trabajadores españoles que trabajan en empresas francesas en España, o para también ayudar y para que traten de tú a tú ese casi millón y medio de españoles y españolas que viven en el territorio transfronterizo”, pero los miembros del Partido Popular “no quieren que España celebre nada, ni un tratado de amistad” porque “creen que si se celebra algo en España beneficia al Gobierno de España o a Pedro Sánchez”, lamentó. Por ese motivo, aseguró, el PP “duda de la constitucionalidad de un tratado extraordinario que ya ha aprobado Francia, que ya ha aprobado el Congreso, de un tratado que nos permite reforzar nuestra relación de amistad”. Según Andreu, la carta de interpretación “es un documento oficial, formal, que se tiene en muchos tratados de amistad, en muchos, y este es uno y especifica algo que usted no entiende, pero yo creo que el resto de personas que trabajan con diplomacia sí entienden, que es que en ningún caso ningún ministro o ministra francés estará en el Consejo de Gobierno, que será al margen”, una fórmula que, aseguró, en diplomacia “es absolutamente habitual”. El Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa fue firmado el 19 de enero de 2023 en Barcelona por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la XXVII Cumbre Bilateral hispano-francesa. Se trata del primer acuerdo de estas características entre ambos países y eleva las relaciones bilaterales al máximo nivel posible, equiparable al que ya tiene España con Portugal desde la Cumbre de Trujillo de octubre de 2021. Francia ya ha ratificado el texto, pero España no ha podido dar todavía ese paso.

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