Eduardo González
El presidente de la Asociación de Diplomáticos de España (ADE), Alberto Virella, ha pedido a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia que tomen por sí mismos la iniciativa de explicar a los ciudadanos cuáles son las normas existentes para domiciliar en España a las personas que adquieren la nacionalidad española, tras la polémica surgida por las denuncias del Partido Popular y Vox sobre el supuesto uso “electoral” de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como la “Ley de Nietos”.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado a lo largo de esta semana que la “Ley de Nietos” es una “ingeniería electoral” puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar derecho a voto a 2,5 millones de personas en un espacio muy corto de tiempo. Asimismo, ha asegurado que “está habiendo mucha arbitrariedad” en el procedimiento de inscripción de los nuevos ciudadanos españoles en el censo electoral, lo cual podría derivar en la asignación de provincias a los nuevos españoles en función de las necesidades electorales del PSOE.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió el lunes de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal, y ahí queda nuestro aviso”. Asimismo, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, declaró esta semana que esta norma supone un “golpe de Estado a cámara lenta” y reclamó que se prive a los españoles residentes en el extranjero del voto por correo.
En declaraciones a The Diplomat, Alberto Virella advirtió este viernes de que a los nacionalizados se les asignan las provincias en base a tres criterios: localidad última de residencia en España, localidad de origen familiar del antepasado que se tuvo que marchar de España, en el caso de los descendientes nacidos en el extranjeros; y localidad de España con la que el solicitante pueda documentar algún tipo de arraigo o de vínculo personal. “No se contempla que, por defecto o falta de una provincia concreta, sea el cónsul general quien decida” al respecto, aseguró.
A juicio de Virella, este tipo de polémicas se deben, en buena parte, a la “indiferencia y desatención” de los poderes públicos. “¿Por qué no sale el Ministerio de Asuntos Exteriores a explicar cuáles son las instrucciones para domiciliar a los nuevos españoles, o no tan nuevos? Porque la norma que se aplica es la misma para los muchos españoles que marcharon tras la crisis financiera de 2008”, se preguntó. “Este es un caso claro que deben explicar el Ministerio de Asuntos Exteriores, o el de Justicia, ¿por qué no lo hacen?”.
En respuesta a estas declaraciones de Virella, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó este viernes que, “en los últimos días”, ha enviado información relativa a la Ley de Memoria Democrática a “una gran cantidad de medios”, entre ellos The Diplomat in Spain, y aseguró que “sigue abierto a proveer de información a todos los medios que la pidan”. “Asimismo, en la web del Ministerio se presenta, a disposición de todo el mundo, una sección sobre la Ley de Memoria Democrática en Exteriores”, añadió.
“La ‘vacatio legis’ de 2007
En todo caso, el presidente de la ADE admitió que hay un “aspecto positivo” en esta polémica, y es que, “por fin”, ayudará a que “los ciudadanos se den cuenta de que existe una proyección al exterior de la administración pública, de que la Administración General del Estado también existe fuera de nuestras fronteras”.
Según Virella, el gran problema de fondo, a la hora de abordar la “Ley de Nietos”, es la “enorme carga de trabajo del servicio exterior”. “En el año 2000 había un millón de españoles en el exterior, actualmente hay 3,2 millones, a los que se pueden sumar los de la Ley de Nietos”, pero los recursos humanos actualmente “son prácticamente los mismos que hace 26 años”. “En el marco de la Ley de Memoria Histórica, de 2007, el Consulado General de España en Buenos Aires recibió 60.000 solicitudes de nacionalidad y tardó trece años en procesarlas; con la Ley de Memoria Democrática, de 2022, ha recibido 640.000, ¿cuánto tardará con los mismos recursos?”, prosiguió.
Todo ello demuestra, advirtió, la “falta de previsión de la Ley de Memoria Democrática”. “La Ley de Memoria Histórica de 2007 preveía, en su disposición adicional sobre concesión de la nacionalidad, una ‘vacatio legis’ de un año, un año de aplazamiento para su entrada en vigor a fin de que la Administración pública y la red exterior se prepararan”, pero “la ley de 2022 no tiene ‘vacatio legis’, entró en vigor al día siguiente mismo de su publicación y, encima, amplía enormemente el potencial de las personas que pueden ampararse en ella: cualquier nieto de un ciudadano español que haya debido marcharse de España incluso antes de la Guerra Civil”, explicó Alberto Virella.
Respecto a las acusaciones vertidas por Díaz Ayuso a los funcionarios de los consulados, el presidente de la ADE advirtió de que estos trabajadores “dedican todas las horas” a hacer su trabajo y se encuentran “en primera línea de presión de los ciudadanos que se quejan” de los problemas en el Servicio Exterior. “El responsable es el Ministerio de Asuntos Exteriores, no son ellos, porque no ha asignado recursos a la red consular adaptados a sus necesidades”, añadió.
Tras las denuncias del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles en el programa ‘Mañaneros 360’, de TVE, que “lo que están haciendo el Partido Popular y el señor Feijóo es una traición al pueblo español y a los españoles”. “Lo que el Partido Popular quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar”, insistió el ministro, quien aseguró que “la inmensa mayoría de esos españoles que residen en estos momentos en el exterior, son españoles de nacimiento”.
Asimismo, denunció la “enorme hipocresía” de Feijóo y del PP porque “lo que llevaban en su programa electoral del año 2023 era precisamente esta ley”. Concretamente, el programa electoral para las elecciones del 23 de julio de 2023 proponía que se garantizase el derecho a la nacionalidad española a los descendientes de españoles a través de “una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada” y mediante “el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”.
La Ley de Memoria Democrática, que sucedió a la Ley de Memoria Histórica de 2007, está en vigor desde octubre de 2022 después de ser aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y con los votos en contra, entre otros, de Partido Popular y Vox. La norma concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.
A fecha del 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450 y el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. La concesión de la nacionalidad figura en la disposición adicional octava de la “Ley de Nietos”. Pese a ello, las más de 70 enmiendas presentadas en su momento por el PP a la ley no incluían ninguna mención a esta disposición.