Feijóo denuncia la “arbitrariedad” en las nacionalizaciones y el CGCEE pide que no se cuestione el “derecho legítimo” a la nacionalidad

Eduardo González El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que su formación “no está en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener una nacionalidad española” pero ha denunciado que “está habiendo mucha arbitrariedad” en la aplicación de la “Ley de Nietos”. Por su parte, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha reclamado que no se cuestione el “derecho legítimo” a la nacionalidad “obtenida al amparo de una ley vigente” y ha rechazado de plano la propuesta de Vox de suprimir el voto por correo. “No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener una nacionalidad española, de lo que sí estamos en contra es que esto sea un trágala con nocturnidad y alevosía, porque no tenemos ninguna información”, advirtió Feijóo durante su participación en los cursos de la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Según el líder del PP, “está habiendo mucha arbitrariedad, ninguna seguridad, ninguna transparencia y muy pocas garantías” en la concesión de nacionalidades a través de la Ley de Memoria Democrática (“Ley de Nietos”), en virtud de la cual “el número de solicitudes es de 2,6 millones”. Esta cifra, afirmó, “supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos y del Estado del Bienestar de España” porque la concesión de la nacionalidad da derecho a la tarjeta sanitaria, el cheque educativo y a una pensión no contributiva; en definitiva, a “los derechos que tienen los españoles que han cotizado, que han trabajado en nuestro país durante muchas décadas”. “España no está preparada para asumir un aumento de ocho millones de personas en solo siete años. Es hora de cambiar la política migratoria con todas las garantías y sin arbitrariedades”, añadió, en referencia a las nacionalizaciones y al actual proceso de regularización de inmigrantes. El pasado lunes, Alberto Núñez Feijóo declaró a EsRadio que la “Ley de Nietos” es una “ingeniería electoral” puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar derecho a voto a 2,5 millones de personas en un espacio muy corto de tiempo. “Hay un interés evidente de conseguir nuevos votantes porque con los actuales no le salen las cuentas”, denunció. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió también el lunes de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal, y ahí queda nuestro aviso”. Em respuesta a estas palabras, la Asociación de Diplomáticos de España (ADE) ha asegurado que “los funcionarios públicos en España son plenamente conscientes de que es su obligación cumplir con la legalidad”. Antes que el PP, la primera piedra contra la “Ley de Nietos” fue lanzada por Vox, cuyo secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, declaró esta semana que esta norma supone un “golpe de Estado a cámara lenta” y reclamó que se prive a los españoles residentes en el extranjero del voto por correo, de manera que sólo puedan votar directamente de forma presencial en los consulados o embajadas. El CGCEE Precisamente, el CGCEE ha expresado, en un comunicado, su “firme rechazo a cualquier propuesta que suponga limitar o dificultar el ejercicio del derecho de voto de la ciudadanía española residente en el extranjero” y ha advertido de que la propuesta de Vox “implicaría, en la práctica, privar de este derecho a miles de ciudadanas y ciudadanos que residen a grandes distancias de consulados y embajadas”. En este sentido, ha recordado que la Constitución Española reconoce expresamente en su artículo 68.5 que “la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”, por lo que cualquier medida que dificulte este derecho sería “contraria al espíritu de este mandato constitucional”. Aparte, el CGCEE también ha mostrado su preocupación por el creciente cuestionamiento del acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles reconocido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. “La nacionalidad obtenida al amparo de una ley vigente es un derecho plenamente legítimo y debe ser respetada sin reservas”, advierte el Consejo. “Los españoles que han adquirido su nacionalidad conforme a los procedimientos legalmente establecidos gozan de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano español, sin que pueda cuestionarse su condición ni limitarse el ejercicio de los derechos inherentes a ella”, añade. En declaraciones en el programa ‘Mañaneros 360’, de TVE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que “lo que están haciendo el Partido Popular y el señor Feijóo es una traición al pueblo español y a los españoles”. “Lo que el Partido Popular quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar”, insistió el ministro, quien advirtió de que “la inmensa mayoría de esos españoles que residen en estos momentos en el exterior, son españoles de nacimiento”. Asimismo, denunció la “enorme hipocresía” de Feijóo y del PP porque “lo que llevaban en su programa electoral del año 2023 era precisamente esta ley”. Concretamente, el programa electoral para las elecciones del 23 de julio de 2023 proponía que se garantizase el derecho a la nacionalidad española a los descendientes de españoles a través de “una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada” y mediante “el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”. Feijóo también pedía que el derecho a la nacionalidad no se circunscribiera a los españoles exiliados, sino que se ampliara a otros supuestos para no “ideologizar” el proceso. El mismo miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que su partido “siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española”. La Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007, está en vigor desde octubre de 2022 después de ser aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y con los votos en contra, entre otros, de Partido Popular y Vox. La norma concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. La concesión de la nacionalidad figura en la disposición adicional octava de la “Ley de Nietos”. Pese a ello, las más de 70 enmiendas presentadas en su momento por el PP a la ley no incluían ninguna mención a esta disposición.

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