El PP acusa al Gobierno de alterar el censo electoral con la “Ley de Nietos” y Exteriores lo califica de “bulo mayúsculo”

Eduardo González Tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han acusado este lunes al Gobierno de hacer uso de la Ley de Memoria Histórica como “ingeniería electoral” para captar votos a través de las nacionalizaciones. En su respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado que la llamada “Ley de Nietos” fue “aprobada por el Congreso en 2022” y ha afirmado que “vincularla con un intento de alterar el censo es un bulo mayúsculo”. En declaraciones a EsRadio, Alberto Núñez Feijóo afirmó este lunes que la ley de Nietos es una “ingeniería electoral” puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar derecho a voto a 2,5 millones de personas en un espacio muy corto de tiempo. “Hay un interés evidente de conseguir nuevos votantes porque con los actuales no le salen las cuentas”, denunció. “No ha habido un caso en la democracia en el que en solo un año se incremente el número de españoles en 2,5 millones”, prosiguió. Posteriormente, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, matizó las palabras de Feijóo y aseguró, sin abonarse a las acusaciones de “pucherazo” procedentes de Vox, que su partido “no prejuzga el sentido del voto” de esos supuestos 2,5 millones de nuevos votantes. Por su parte, Díaz Ayuso advirtió este lunes, durante su intervención en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal, y ahí queda nuestro aviso", declaró Díaz Ayuso “Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral”, prosiguió. “El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de votos, según dónde le falten los votos necesarios para obtener al siguiente escaño”, agregó la presidenta madrileña, quien también vinculó la regularización extraordinaria de migrantes con el intento del Gobierno de alterar el censo electoral. En respuesta a estas palabras, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado “tajantemente las acusaciones e insinuaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que los cónsules y el personal del servicio exterior español pudiera no cumplir la Ley”. “Esas afirmaciones son completamente inaceptables e impropias de una autoridad pública y exigimos que se disculpe con estos servidores públicos de España que en todo momento no solo cumplen la ley escrupulosamente, sino que realizan una tarea insustituible en favor de los españoles que viven en el exterior”, advirtieron fuentes de Exteriores a The Diplomat. “De igual manera, la vinculación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Congreso en 2022 y en consonancia con otras leyes similares en países europeos cuyos ciudadanos sufrieron exilio forzoso por falta de libertades, como Alemania, Italia o Portugal, con un intento de alterar el censo, es un bulo mayúsculo”, advirtió. Según Exteriores, “el voto en el exterior está regulado legalmente y cumple con todas las garantías constitucionales de integridad electoral, siendo España uno de los primeros países del mundo en los rankings de integridad electoral, como el Electoral Integrity Project”. “En relación con los cónsules y los procesos de nacionalidad se subraya que los encargados de las oficinas consulares son funcionarios diplomáticos de carrera y cumplen siempre la normativa vigente en el ejercicio de sus funciones”, concluyó. La Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007, está en vigor desde octubre de 2022 después de ser aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y con los votos en contra, entre otros, de Partido Popular y Vox. La norma concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. El plazo para solicitar la nacionalidad española en aplicación de la Ley concluyó en octubre de 2025 con un balance de casi 415.000 concesiones. El 42% de las solicitudes se presentaron en Argentina.

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