Albares se muestra “totalmente favorable” a la concesión de la nacionalidad a los saharauis, rechazada por su partido en el Congreso

Eduardo González El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que es “totalmente favorable” al proyecto de ley para la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976, una propuesta que ha sido sistemáticamente rechazada por su partido, el PSOE, en todas las votaciones parlamentarias. “Se lo voy a decir muy claro y se lo voy a decir públicamente: soy totalmente favorable a esa ley, a que se conceda la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración española”, afirmó este miércoles Albares ante el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta del diputado Francesc-Marc Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano. “No hay ningún bloqueo y yo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, soy favorable a ella”, insistió. En su intervención, Álvaro Vidal reprochó al ministro que “su gabinete tiene bloqueada la ley para la concesión de nacionalidad española a los saharauis”. “En esta Cámara somos muchos grupos dispuestos a tirar adelante este proyecto”, prosiguió. “No comprendemos esta doble moral a menos que, a pesar de ser el gobierno más progresista de la historia, se hayan rendido al mandato de (el presidente de EEUU, Donald) Trump y al monarca de Marruecos (Mohamed VI). Lo cierto es que el PSOE ha votado en contra, hasta en dos ocasiones, las sucesivas proposiciones de ley de Sumar, su socio minoritario en el Gobierno, para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976, cuando el territorio todavía se hallaba bajo la administración española. La primera votación tuvo lugar en febrero de 2023, en plena luna de miel entre España y Marruecos tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apoyar el plan de autonomía propuesto por Rabat para el Sáhara Occidental. En aquella ocasión, el pleno de la Cámara Baja aprobó la toma en consideración de la proposición de ley con los únicos votos en contra de los socialistas, pero la tramitación del texto se vio interrumpida a causa de la repentina disolución de las Cámaras con motivo de las elecciones anticipadas. A finales de 2023, Sumar volvió a la carga con el mismo asunto y presentó una nueva Proposición de Ley para se conceda “la nacionalidad española por carta de naturaleza a las saharauis y a los saharauis nacidos en el territorio del Sahara Occidental bajo la administración de España”, teniendo en cuenta “la fuerte vinculación” de la población saharaui con España. La votación para la toma en consideración de esta proposición de ley se celebró en febrero de 2025 y, en ella, los socialistas volvieron a quedarse solos en su postura contraria. Una vez superado el debate de toma en consideración, la proposición de ley fue remitida a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con lo que comenzó el proceso de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado. Una vez concluida esa fase, el Pleno de la Cámara Baja decidió, en diciembre de 2025, asumir el debate y votación final del texto a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con 347 votos favorables, ningún voto en contra y ninguna abstención. Los argumentos jurídicos Para justificar su posición, el PSOE se ha remitido a meros tecnicismos jurídicos. Concretamente, los socialistas rechazan el procedimiento jurídico-técnico de la propuesta de Sumar por considerar que no debe ser el Frente Polisario, una entidad privada no reconocida por Marruecos, el que certifique la documentación necesaria para la nacionalidad. Aparte, se oponen a que el proceso de concesión de las nacionalidades sea el de carta de naturaleza y proponen, a cambio, el procedimiento previsto por una proposición no de ley de 2016 que permite a los ecuatoguineanos, en su condición de habitantes de una antigua colonia, optar al procedimiento abreviado para solicitar la nacionalidad española. En marzo de 2024, fue el propio Gobierno el que, en una respuesta parlamentaria por escrito a Sumar, se limitó a afirmar que “las propuestas de reforma de la normativa de nacionalidad para extender la nacionalidad española a los saharauis plantean cuestiones técnicas y de seguridad jurídica que han de ser dilucidadas con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, y atendiendo al proceso negociador en el marco de Naciones Unidas, cuya centralidad ha de asegurarse en todo caso”. En junio de 2020, el Tribunal Supremo estableció que haber nacido en el Sáhara Occidental antes de 1975 no da derecho a obtener la nacionalidad española de origen porque la antigua provincia no se podía considerar territorio nacional durante la administración española y, por tanto, “nacer en Sáhara” durante el dominio español no puede equipararse a “nacer en España” a los efectos de la nacionalidad por origen. Desde el punto de vista legal, los saharauis son apátridas sin nacionalidad, aunque sí que cuentan, por razones humanitarias, con el pasaporte argelino, que actúa como título de viaje, pero no les concede la ciudadanía. No obstante, Sumar ha advertido de que, en 1958, el régimen dictatorial de Francisco Franco decidió convertir sus colonias en África en provincias ultramarinas de España, lo que permitió que el entonces llamado “Sáhara Español” (en poder de España desde 1885) pasara ser conocido como la provincia número 53, con el estatuto de provincia metropolitana. A raíz de ello, sus habitantes contaron con representación en las Cortes de la dictadura, poseyeron documento nacional de identidad español y pudieron estudiar en las Universidades españolas, acceder a la Función Pública e, incluso, ser miembros del Ejército y participar en el referéndum de 1966 sobre el proyecto de Ley Orgánica de Estado. Veinte años después de su conversión en provincia metropolitana, España dio por terminada definitivamente su presencia en el territorio el 26 de febrero de 1976. Un Real Decreto de agosto de 1976 estableció que quienes cumplieran determinados requisitos podían optar por la nacionalidad española en el plazo de un año, “pero la administración española ya había abandonado el territorio, haciendo, por tanto, imposible el ejercicio efectivo de esa opción, tal y como puso de manifiesto el Tribunal Supremo” en 1998 y 1999, recuerda Sumar. Desde la marcha de España, el territorio del Sáhara Occidental está controlado por Marruecos, cuya soberanía sobre la antigua provincia española no cuenta con el reconocimiento legal internacional.

Related Content

Más de 25.000 personas de 17 países trabajaron en España en 2025 a través de los programas de migración circular

España traslada “toda su solidaridad” a Venezuela tras los dos terremotos, que han causado más de 160 muertos

Exteriores confirma la liberación de Alicia Armesto, la activista española de la Flotilla detenida hace un mes en Libia

Albares asegura que “ningún país del mundo” se ha pronunciado sobre la muerte de tres miembros del Polisario

Exteriores convoca las plazas de cónsul general en Roma, Marsella, Perpiñán, Toulouse y Múnich