Xabier González Barcos
Hace exactamente una década, el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea. El 23 de junio de 2016, el 51,89% de los votantes apoyó la salida frente al 48,11% que defendió la permanencia. La diferencia fue de apenas 1,27 millones de votos en un país de más de sesenta millones de habitantes. Sin embargo, aquella mayoría exigua desencadenó uno de los procesos políticos más complejos, costosos y divisivos de la historia contemporánea europea.
Diez años después, la efeméride coincide con otro símbolo elocuente: la dimisión de Keir Starmer como líder del Gobierno británico, que abre el camino al séptimo primer ministro desde aquel referéndum. David Cameron cayó por convocarlo; Theresa May por no saber ejecutarlo; Boris Johnson por las contradicciones de su propio liderazgo; Liz Truss por el colapso de su experimento económico; Rishi Sunak por el desgaste acumulado; y ahora Starmer por la incapacidad de estabilizar un país que sigue atrapado en las consecuencias de aquella decisión. Lo que comenzó como una promesa de recuperación de soberanía ha terminado convirtiéndose en una década de inestabilidad política casi permanente.
El Brexit ha sido muchas cosas: un fenómeno identitario, una reacción contra la globalización, una expresión del malestar territorial inglés e incluso una rebelión contra determinadas élites políticas. Pero, sobre todo, ha sido una demostración práctica de la extraordinaria dificultad que entraña desmontar una estructura política compleja una vez que esta ha sido construida.
Durante años, algunos movimientos euroescépticos europeos imaginaron la Unión como una suerte de club burocrático del que bastaba con marcharse para recuperar una supuesta libertad perdida. La realidad ha demostrado exactamente lo contrario. La Unión Europea no es únicamente un mercado ni una alianza diplomática. Es una arquitectura jurídica, económica, regulatoria y política que impregna miles de ámbitos de la vida cotidiana. Salir de ella no consiste en cruzar una puerta; consiste en deshacer décadas de integración.
Quizá el Brexit haya servido para demostrar algo que los propios europeos habían olvidado: que la Unión es mucho más profunda de lo que parecía. Paradójicamente, la mayor prueba de su solidez no la ha proporcionado ninguno de sus éxitos, sino la dificultad extrema que encontró el único Estado que decidió abandonarla.
La negociación consumió años de energía política. Dividió gobiernos, partidos y territorios. Reabrió el problema irlandés. Alimentó tensiones constitucionales en Escocia. Paralizó la agenda pública británica durante un lustro. Y, una vez consumada la salida, no resolvió los problemas estructurales que habían impulsado el voto favorable al Brexit. La inmigración siguió ocupando el centro del debate político; las desigualdades territoriales persistieron; el crecimiento económico permaneció débil; y el malestar social continuó alimentando nuevas expresiones de populismo.
La primera lección de estos diez años es, por tanto, evidente: resulta mucho más fácil destruir una estructura política compleja que construir una alternativa funcional a ella. Los defensores del Brexit prometieron una liberación; heredaron una negociación interminable. Prometieron simplicidad; descubrieron una complejidad desconocida. Prometieron control; obtuvieron incertidumbre.
Pero existe una segunda enseñanza, quizá más incómoda todavía, relacionada con la propia naturaleza de la democracia.
El Brexit fue legal. Fue democrático. Nadie discute ninguna de esas dos cuestiones. Sin embargo, diez años después sigue siendo legítimo preguntarse si determinadas decisiones de carácter irreversible deberían poder adoptarse mediante una mayoría tan estrecha.
La democracia liberal contemporánea descansa sobre la regla de la mayoría. No existe una alternativa mejor. Sin embargo, numerosos pensadores han advertido históricamente contra la identificación automática entre mayoría y verdad política.
Tocqueville temía la llamada “tiranía de la mayoría”: la posibilidad de que una mayoría circunstancial impusiera decisiones profundamente perjudiciales para una parte muy significativa de la sociedad. Stuart Mill defendía la necesidad de establecer contrapesos precisamente para evitar que el peso aritmético de los votos anulase la pluralidad de una comunidad política. Más recientemente, filósofos como Habermas han insistido en que la legitimidad democrática no depende únicamente del resultado de una votación, sino también de la calidad deliberativa del proceso que la precede.
La cuestión es especialmente relevante cuando nos encontramos ante decisiones prácticamente irreversibles.
Una ley puede modificarse. Un gobierno puede ser sustituido. Un presupuesto puede corregirse. Pero una decisión de naturaleza constitucional o geopolítica suele producir consecuencias que se extienden durante generaciones.
El referéndum británico fue decidido por una diferencia inferior a cuatro puntos porcentuales. Eso significó que casi la mitad del país quedó vinculada a una transformación histórica que no deseaba. Más de dieciséis millones de ciudadanos votaron por permanecer en la Unión Europea. También quedaron afectados millones de jóvenes que ni siquiera tenían edad para participar en aquella consulta pero que han vivido toda su vida adulta bajo sus consecuencias.
Por ello, numerosos sistemas democráticos exigen requisitos reforzados para determinadas decisiones trascendentales. En algunos países se establecen quórums mínimos de participación. En otros se requieren mayorías cualificadas. Existen incluso modelos que exigen una doble mayoría territorial y poblacional.
La lógica detrás de estas cautelas no es antidemocrática. Es precisamente lo contrario. Parte de la idea de que cuanto más profunda sea una decisión, mayor debe ser el consenso que la respalde.
La democracia no consiste únicamente en contar votos. También consiste en preservar la cohesión de la comunidad política que esos votos pretenden gobernar.
Diez años después, el Brexit aparece como una advertencia sobre los riesgos de convertir cuestiones extraordinariamente complejas en respuestas binarias. El referéndum redujo décadas de integración europea a una pregunta de una sola línea. La campaña estuvo marcada por simplificaciones, exageraciones y promesas imposibles de verificar. Y el resultado dejó un país partido prácticamente por la mitad.
La paradoja final es que el Brexit nació como una reivindicación de soberanía popular y ha terminado convirtiéndose en una fuente permanente de frustración democrática. Los partidarios de la salida consideran que muchos de sus objetivos siguen incumplidos. Los partidarios de la permanencia continúan convencidos de que se cometió un error histórico. Y el sistema político británico permanece atrapado entre ambas percepciones.
Quizá la gran enseñanza de esta década no sea únicamente que abandonar la Unión Europea resulta extraordinariamente difícil. Quizá la lección más profunda sea otra: que las democracias modernas necesitan aprender a distinguir entre las decisiones que pueden adoptarse por una mayoría simple y aquellas que, por afectar al destino de varias generaciones, exigen algo más que un 51%.
Porque cuando un país queda dividido en dos mitades casi exactas, la aritmética puede producir un vencedor. Lo que rara vez produce es una solución.