El Gobierno se desentiende de dos centros mauritanos de detención de migrantes rehabilitados por FIAP

Eduardo González El Gobierno ha negado cualquier implicación en la apertura de dos centros de detención de migrantes en Mauritania que fueron rehabilitados y equipados por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, “en el marco de un proyecto de lucha contra la trata y el tráfico de personas y apoyo a la gestión migratoria financiado íntegramente por la Unión Europea”. El pasado 28 de abril, Jon Iñarritu García, diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu, registró una pregunta parlamentaria por escrito sobre un artículo de investigación de la Fundación Por Causa, publicado el 5 de noviembre por el rotativo ‘El Salto’, en el que se informaba de que el Gobierno de España había abierto dos cárceles de migrantes en Mauritania y que ambos centros de detención habían sido construidos por la agencia de cooperación española FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ello, EH Bildu preguntaba al Gobierno, entre otras cosas, “qué hay de cierto en esta información”, cuál ha sido el papel del Gobierno de España en “la apertura de dichos centros de detención Mauritania”, si se “solicitaron informes jurídicos antes de la apertura” y si es verdad que estos centros están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Canarias” en los que el ingreso de menores de edad no está permitido”, a pesar de lo cual “esos centros de Mauritania sí internarían a menores”. La formación vasca también preguntaba al Ejecutivo si “considera normal el Gobierno apoyar actuaciones que no serían legales en España” y cuáles son los convenios, acuerdos bilaterales o multilaterales existen entre España (o FIAP) y Mauritania para la colaboración en materia de migración, detención de migrantes o externalización de fronteras. También pregunta qué mecanismos de supervisión o rendición de cuentas ha dispuesto el Gobierno para garantizar que los centros de Mauritania cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos (tratamiento de menores, separación familiar, derecho de asilo, no devolución, condiciones de detención) y “cuál es la posición del Gobierno respecto a menores de edad que pueden ser internados en estos centros, y cómo se garantiza su protección, separación, acceso a tutela o servicios sociales”. “Considerando que la legislación española prohíbe internamente de menores en centros de detención migratoria, ¿estima el Gobierno que sería posible hacerlo en el extranjero en centros construidos con fondos españoles?”, prosigue. EH Bildu también pregunta “qué opinión le merece a España que Mauritania realice devoluciones en cadena o abandono de personas vulnerables en zonas de riesgo extremo” y qué opinión le merece el informe de Human Rights Watch de este año en relación con el tratamiento de las migraciones por parte de Mauritania. “¿Estima el Gobierno que no tiene responsabilidad subsidiaria sobre las posibles conculcaciones de DDHH por parte de Mauritania?”, concluye la pregunta. Respuesta del Gobierno En su respuesta, registrada el pasado 25 de mayo y publicada esta semana por el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Gobierno asegura que “los centros de acogida temporal abiertos por las autoridades mauritanas no son Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) españoles, no están abiertos por las autoridades españolas, no los gestionan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni ninguna agencia o administración española, ni están sujetos a la normativa española”. “Se trata de dos centros que han sido rehabilitados y equipados por la FIAP en el marco de un proyecto de lucha contra la trata y el tráfico de personas y apoyo a la gestión migratoria financiado íntegramente por la Unión Europea”, prosigue. “No ha habido financiación del Gobierno de España”, insiste. Asimismo, asegura que, para el diseño y rehabilitación de los centros se han seguido los estándares marcados por la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), basados en el respeto a los derechos humanos. “Es falso que la legislación española prohíba el ingreso de menores en los CATE”, prosigue. “El ingreso de menores se produce siempre en compañía de un/a mayor de edad con el objetivo de no separar a las familias”, añade. “Se están confundiendo los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para la primera acogida y determinación del estatus migratorio, con los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) para personas con orden de expulsión”, advierte el Ejecutivo. “Ningún proyecto implementado por la FIAP participa en operaciones de expulsión”, asegura.

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