España inicia este viernes, con “un enfoque garantista”, la aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo

Eduardo González España aplicará desde este viernes el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional, según ha informado el Ministerio del Interior con motivo de su entrada en vigor en todos los Estados miembros de la UE. Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y Oxfam Intermón, entre otras ONG, han lamentado “la falta de transparencia sobre las medidas concretas que se adoptarán a nivel nacional para dar cumplimiento a estas obligaciones europeas”. “España aplicará desde este viernes el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) ‘con un enfoque garantista y respetuoso’ con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional, y así lo trasladará la delegación española que participa hoy y mañana en la Conferencia Ministerial organizada por la presidencia chipriota de la UE, en Nicosia, con motivo de la entrada en funcionamiento del pacto”, ha anunciado el Ministerio. “El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final”, ha declarado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha excusado su presencia en la Conferencia Ministerial de Nicosia debido a la visita papal y que se ha comprometido a seguir trabajando en los “ajustes y mejoras que requiere el reto migratorio, preservando siempre el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad”. Al respecto, Interior recuerda que “España ha reiterado la oposición del Gobierno a la creación de los centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo Reglamento de retorno, aún pendiente de adopción definitiva, y ha descartado su utilización en la gestión migratoria española”. El pasado 4 de junio, durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior en Luxemburgo, ya trasladó a los socios comunitarios su rechazo a esta medida por las “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad” y expresó su preocupación por la puesta en marcha de estos centros, con convenios no vinculantes y “sin garantías” para los derechos de las personas, y por su impacto en la “credibilidad y eficacia” de las relaciones bilaterales de los Estados miembros, “clave” en la política migratoria de países que, como España, apuestan por la cooperación. El acuerdo político sobre el nuevo pacto migratorio europeo se alcanzó el 20 de diciembre de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El pacto, aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024, fue adoptado formalmente por el Consejo en mayo de ese mismo año, cuando se publicaron también en el Diario Oficial de la Unión Europea los textos legislativos del acuerdo. Las ONG Por su parte, el Grupo de trabajo de las entidades sociales sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, al que pertenecen las ONG Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Entreculturas, Federación Sur Acoge, Irídia-centro para la defensa de derechos humanos, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Novact, Oxfam Intermón, Red Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes y Plataforma de Infancia, ha lamentado “la falta de transparencia sobre las medidas concretas que se adoptarán a nivel nacional para dar cumplimiento a estas obligaciones europeas”. Según estas organizaciones, “el 12 de junio supone un hito para todos los países europeos, dado que se materializa la implementación del Pacto con su entrada en vigor, dando comienzo a una nueva etapa para la política migratoria que plantea retos importantes en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas”. “A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, que amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones”, prosiguen. “Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros, la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos, debilitan gravemente derechos y garantías consolidados”, entre ellos, “el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas”, advierten las ONG. “En el caso español, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional”, lamentan. Por ello, “ante esta situación de cierta incertidumbre y preocupación”, el Grupo de trabajo instan al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas a “garantizar transparencia, acceso a información de los planes, protocolos, instrucciones, recursos y reformas legislativas, entre otros mecanismos de implementación del Pacto que ahora entrarán en vigor”, a “aplicar el Pacto de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos, y en pleno cumplimiento con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales” y a “garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos que asumirá el Defensor del Pueblo”.

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