El Congreso pide la “liberación inmediata” de los dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial

Eduardo González La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este miércoles una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se reclama “la implicación directa” del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para conseguir la “liberación inmediata” de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, los dos ciudadanos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025. El texto fue aprobado con 23 votos a favor y catorce abstenciones procedentes del PSOE, que ha advertido de la necesidad de unir fuerzas con “la acción exterior del Gobierno” para liberar a los dos españoles y ha lamentado las críticas de la Proposición no de Ley a las gestiones del Ministerio y las “comparaciones” que se hacen en el texto con otros casos, como los activistas de la flotilla de Gaza detenidos por Israel. Durante su intervención en el debate, Carlos Floriano, del PP, recordó que “dos compatriotas nuestros están en este momento en una cárcel de Guinea Ecuatorial y llevan allí desde el 25 de enero de 2025 en unas condiciones inhumanas”. Se trata de “dos ciudadanos españoles a los que se detuvo sin justificación, sin notificación de cargos, sin orden judicial motivada y sin acceso a la asistencia de letrado”, prosiguió. “Desde entonces están en una prisión indefinida sin que se les haya imputado formalmente ninguna clase de delito, sin que se les haya presentado acusación judicial contraviniendo cualquiera de los derechos fundamentales recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Guinea Ecuatorial es o forma parte”, añadió. Por ello, advirtió, “esta Comisión debe hacer una reclamación exigente al Gobierno de Guinea Ecuatorial, o si quieren ustedes, al Gobierno de España, para que haga lo imposible para que nuestros compatriotas estén cuanto antes en nuestro país”, porque “no hay nada absolutamente que justifique su detención y la situación inhumana que están atravesando en este momento”. Por su parte, la socialista Trinidad Argosta aseguró que “el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto a través de la Embajada en Malabo como desde sus servicios centrales, lleva realizando intensas gestiones para garantizar una protección y asistencia consular efectiva desde el momento en que tanto David como Javier fueron detenidos”. Por tanto, afirmó, “lo que se pide en esta moción ya se está realizando, pero se tiene que seguir realizando, dado que aún no tenemos ni a David ni a Javier entre nosotros”. “Me alegra el tono que se ha mantenido a lo largo de los diferentes portavoces en este punto, que en situaciones tan complejas como esta es importante el consenso, por lo que sería bueno que nos sumemos todos a la acción exterior del Gobierno, más aún en estos casos en los que puede haber vidas en juego”, advirtió. “Señorías del PP, tenemos que ser muy serios y rigurosos en las manifestaciones, porque ustedes saben, y además lo saben porque han gobernado, que no valen todas las comparaciones, porque cada caso es único y requiere de actuaciones diferenciadas”. Por ello, añadió, “tenemos que seguir trabajando desde el Ministerio para conseguirlo, hay que dejar trabajar y no poner en duda, la profesionalidad, el buen hacer y el compromiso de los empleados públicos en embajadas y en consulados, como en Venezuela, en Guinea, que se dedican con vocación de servicio a la protección de los derechos de los españoles y españolas en el exterior”, agregó. “Nosotros seguiremos trabajando para que David y Javier vuelvan cuanto antes con sus familias”, concluyó. En el texto aprobado, el PP lamenta que “las visitas del personal consular español se han limitado, reduciéndose a una cada dos meses, insuficientes para monitorizar el estado de los detenidos” y recuerda que, en octubre de 2025, la oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada pidió al Gobierno una mayor implicación para garantizar el respeto a los derechos humanos de los dos españoles. “En definitiva, las gestiones internacionales y consulares han sido insuficientes hasta la fecha. Guinea Ecuatorial se ha negado a otorgar transparencia en la situación”, denuncia el Grupo Popular. “La falta de actuación por parte del Gobierno contrasta con precedentes de éxito en casos similares, evidenciando la urgencia de medidas inmediatas y visibles para asegurar sus derechos y su liberación”, advierte. Por ello, la Proposición no de Ley reclama “la implicación inmediata y directa del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mediante interlocución directa con las autoridades de Guinea Ecuatorial, para reclamar la liberación inmediata de los ciudadanos españoles David Rodríguez y Javier Marañón”. “En tanto no se produzca dicha liberación”, prosigue, el Gobierno debe “activar todos los instrumentos diplomáticos y consulares necesarios para garantizar una asistencia jurídica efectiva e independiente, así como el acceso consular permanente y sin restricciones a los detenidos”. El pasado 6 de mayo, José Manuel Albares recibió en Madrid a los familiares y abogados de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, el personal de la Embajada de España en Malabo ha visitado en numerosas ocasiones a Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta y mantiene “numerosas gestiones con las autoridades locales” para proporcionar a los dos españoles “una correcta atención consular”. El caso Javier Marañón y David Rodríguez, trabajadores de una empresa española de servicios digitales en Guinea Ecuatorial, fueron detenidos en enero de 2025 en Malabo por el supuesto pago de comisiones ilegales para hacerse con un contrato público, el proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT). Posteriormente fueron trasladados a la prisión de Black Beach, en Malabo, sin cargos, sin una orden judicial motivada y sin acceso a la asistencia de un letrado. Tras su detención, el vicepresidente de la República y jefe del aparato de seguridad (y primogénito de Obiang), Teodoro Nguema Obiang Mangue, ordenó el aislamiento total de ambos empresarios y les prohibió cualquier tipo de visita, ni siquiera de sus abogados o familiares. En abril de 2025, después de que las autoridades guineanas instalaran micrófonos ocultos en una de las salas de visitas de la prisión para espiar las conversaciones entre los dos presos y diplomáticos españoles, el fiscal general del Estado, Anatolio Nzang Nguema, convocó una rueda de prensa para exigir a la Embajada de España en Malabo “respeto a la independencia judicial”. De acuerdo con las informaciones de sus familias, Javier Marañón, que tiene dificultades respiratorias, ha perdido más de 20 kilos y ha estado en riesgo al menos en dos ocasiones a causa de las huelgas de hambre que ha hecho, mientras que David Rodríguez ha sufrido un agravamiento de la hipertensión que sufre. Los familiares de los dos detenidos han reunido más de 61.000 firmas que fueron entregadas al Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir al Gobierno que actúe en favor de su liberación.

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