Eduardo González
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha instado este miércoles al Gobierno a “condenar de manera firme, clara y pública la represión sistemática ejercida por la República Islámica de Irán contra su propia población” y a exigir “la liberación inmediata e incondicional” de la activista y Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi.
La Cámara Baja aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno, entre otras medidas, a “condenar de manera firme, clara y pública la represión sistemática ejercida por la República Islámica de Irán contra su propia población, incluyendo las ejecuciones, la persecución de opositores políticos, la represión de las mujeres, las detenciones arbitrarias, las torturas y las vulneraciones continuadas de las libertades fundamentales”.
Asimismo, insta al Ejecutivo a “exigir a las autoridades iraníes el cese inmediato de las ejecuciones y de la utilización de la pena de muerte como instrumento de intimidación política y control social, especialmente contra manifestantes, activistas, periodistas, mujeres y miembros de minorías étnicas y religiosas” y a “exigir la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi”.
Durante el debate, Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, denunció que “Narges Mohammadi lleva dos décadas perseguida y encarcelada de forma intermitente por el régimen iraní” y, aunque “hoy está en casa, convaleciente”, sigue “con 18 años de cárcel pendientes”.
Asimismo, la diputada mezcló en su intervención el caso de Mohammadi con otras situaciones de derechos humanos en el mundo, como Venezuela o Cuba, e incluso con las acusaciones al expresidente José Luis Zapatero, y criticó al Gobierno por haber invocado el derecho internacional para condenar la guerra de Washington contra Teherán “mientras Irán ejecutaba a más de 1.600 personas el año pasado”.
“Mi partido pidió prohibir el burka en España, y el PSOE votó en contra en nombre del relativismo cultural, pero el velo no es una prenda, es el símbolo de una ideología que niega a las mujeres la libertad y hasta la vida”, prosiguió. “No hay un feminismo para Occidente y otro para Oriente”, advirtió. “Pedir la liberación de Narges Mohammadi y defender en España el símbolo de la ideología que la encarcela es pura contradicción, como lo es defender a Narges y despreciar, por ejemplo, a María Corina Machado”, agregó.
Por parte del PSOE, Cristina Narbona, aseguró que su partido coincide con la propuesta del PP e incluso confesó que le alegraba que, “por una vez, pueda haber una coincidencia, porque también es una ocasión para dejar suficiente constancia en esta Comisión de que el Gobierno de España no ha tenido la menor connivencia con el régimen iraní, y eso no es lo que se ha interpretado en muchos momentos por parte del Grupo Parlamentario Popular”.
“La señora Álvarez de Toledo ha empleado la mayoría de su tiempo para hablar de otros países y de otras circunstancias, pero, precisamente porque nosotros creemos en algo que ella misma ha dicho, que los derechos humanos tienen que ser de carácter universal, en nuestra enmienda a su iniciativa lo único que hacemos es no incurrir en que la pena de muerte sea criticable sólo en determinadas circunstancias”, prosiguió.
“La señora Álvarez de Toledo, que ha hablado de muchos países y de circunstancias sin ninguna duda objeto de una valoración muy negativa en términos de política exterior, no ha mencionado para nada que, en un país como Israel, el Parlamento ha aprobado recientemente una norma que significa pena de muerte para los palestinos y si estamos en contra de la pena de muerte, y lo estamos, deberíamos estarlo en cualquier país del mundo”, advirtió.
Según Narbona, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “ya ha exigido en varias ocasiones al régimen iraní la liberación de Narges Mohammadi, porque forma parte de los principios de nuestra política exterior (…): una defensa cerrada de las mujeres y de las niñas dentro del contexto de la política exterior feminista”.
Por su parte, Viviane Ogou, de Sumar, insistió en que, “independientemente de la situación que se está dando en Oriente Medio, nosotros consideramos que hay que seguir trabajando para que Irán cumpla con esos derechos humanos, para que no haya esas persecuciones y para que la vida de tantísimas personas, incluidas la vida de las mujeres, no se vea afectada de esta manera”.
Según Ogou, Narges Mohamedi es un “símbolo de la resistencia democrática, una periodista defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz en 2023, que ha dedicado su vida a denunciar la discriminación contra las mujeres” y que “ha sido detenida en numerosas ocasiones, ha pasado años en prisión y ha sufrido grandes problemas de salud sin recibir una atención médica adecuada, incluso después de recibir el Nobel de la Paz”.
“Por tanto, debemos mantener una posición firme y coherente, seguir denunciando las violaciones de derechos humanos, seguir trabajando con la sociedad civil iraní y seguir trabajando también para garantizar esa protección a las personas defensoras de los derechos humanos, porque los derechos humanos no pueden depender de la geopolítica, sino que deben garantizarse en todo el mundo”, añadió.
Convocatoria al embajador
El pasado 7 de mayo, José Manuel Albares anunció ante el Pleno del Congreso que el Ministerio de Asuntos Exteriores había convocado al embajador de Irán en Madrid, Reza Zabib, para trasladarle su preocupación por la situación de Narges Mohammadi, “que se encuentra en críticas condiciones de salud tras el empeoramiento de su estado en la cárcel”. Cuatro días más tarde, el ministro celebró el ingreso hospitalario de la activista iraní y reclamó el “levantamiento total” de su condena y su liberación “inmediata”.
Narges Mohammadi, de 54 años y vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, mientras cumplía una pena de diez años de cárcel en Teherán, “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.
Según ha denunciado su familia, en la cárcel recibió palizas brutales por parte de las autoridades y, después de una huelga de hambre de tres meses, sufrió lo que podría ser un infarto. Mohammadi fue ingresada el pasado 10 de mayo en un hospital de Teherán para recibir tratamiento por sus “múltiples enfermedades”, a petición de familiares y médicos y después de que las autoridades iraníes hayan accedido a suspender la condena “por motivos médicos” a cambio del pago de una fianza. “Esa suspensión de su condena tiene que convertirse en un levantamiento total de esa condena” y Mohammadi “debe de estar libre inmediatamente”, declaró al día siguiente Albares en Bruselas, a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar (formación minoritaria en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez) en el Congreso acusó el pasado mes de abril al régimen de la República Islámica de Irán de haber utilizado el contexto bélico como “cobertura para intensificar de forma drástica la represión interna”, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso de la pena de muerte a unos “niveles sin precedentes”.
