España acelera la ratificación de la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania

Eduardo González El Consejo de Ministros ha remitido este martes a las Cortes Generales el Convenio por el que se establece una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania (CRU), un mecanismo impulsado en octubre de 2025 por el Consejo de Europa para intentar obligar a Rusia a compensar a Ucrania por los daños, pérdidas o lesiones causadas durante la guerra. Con esta decisión, el Consejo de Ministros ha autorizado también la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio y ha solicitado su tramitación por el procedimiento de urgencia. El objetivo de este Convenio, que fue firmado por España el 16 de diciembre de 2025 en La Haya tras su autorización por el Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025, es “crear un mecanismo internacional para la reparación de los daños, las pérdidas o los perjuicios que se deriven de los hechos internacionalmente ilícitos que cometa la Federación de Rusia en Ucrania o contra Ucrania”, declaró el Gobierno. El 22 de octubre de 2025, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el proyecto de convenio fundacional de la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, que se presenta como el segundo pilar del mecanismo integral de indemnización definido en la Declaración de Reikiavik de 2023. El mecanismo de indemnización en su conjunto estará coordinado por el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, un grupo de 46 países cuya misión es proteger los derechos humanos en el continente y del cual Rusia fue excluida en marzo de 2022 tras la invasión de Ucrania. El primer paso fue la creación del Registro de Daños de Ucrania (RDU), que ha estado registrando reclamaciones desde principios de 2024. El siguiente paso para poner en marcha el mecanismo de compensación será, precisamente, la creación de la CRU, que se encargará de gestionar las reclamaciones para Ucrania y determinar las indemnizaciones. El tercer paso será la puesta en marcha de un fondo de compensación cuyo funcionamiento todavía no está definido a causa de las discrepancias sobre el posible uso de los activos rusos congelados. Por ejemplo, Bélgica ha expresado sus dudas, ya que el país alberga el organismo internacional de depósito Euroclear, que posee la mayoría de los activos rusos, y teme repercusiones legales por el uso de esos activos. El convenio fundacional de la Comisión Internacional de Reclamaciones se abrió a la firma durante una conferencia diplomática en La Haya el 16 de diciembre de 2025. Ese mismo día, el texto fue firmado por 35 países, incluidas España y la Comisión Europea, en nombre de la UE. El texto entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 25 países, siempre que los compromisos financieros asociados sean suficientes para sufragar la labor inicial de la comisión. Los Estados, incluidos los que no son miembros del Consejo de Europa, y la Unión Europea pueden adherirse al convenio, convirtiéndose así en miembros de la comisión.

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