El Congreso retomará esta semana el Tratado de Amistad con Francia un año después de rechazarlo

Eduardo González La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados abordará este miércoles, 10 de junio, el dictamen sobre el Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa después de que ambas partes hayan aceptado la “interpretación” del polémico artículo que permitía la participación de miembros del Gobierno de una de las partes participar en el Consejo de Ministros de la otra, que fue rechazado por el Partido Popular y provocó su rechazo en el Congreso de los Diputados en mayo de 2025. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de abril la remisión a las Cortes Generales del Tratado por el procedimiento de urgencia y autorizó la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Tratado. Una semana más tarde, la Mesa del Congreso de los Diputados encomendó un dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores por el procedimiento de urgencia y estableció un plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a la totalidad o al articulado, por un período de ocho días hábiles que finalizó el día 13 de mayo. El Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa fue autorizado por el Consejo de Ministros el 17 de enero de 2023 y fue firmado el 19 de enero de 2023 en la capital catalana (de ahí que se le conozca también como “Tratado de Barcelona”) por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la XXVII Cumbre Bilateral hispano-francesa. Se trata del primer acuerdo de estas características entre ambos países y eleva las relaciones bilaterales al máximo nivel posible, equiparable al que ya tiene España con Portugal desde la Cumbre de Trujillo de octubre de 2021. Francia ya ha ratificado el texto, pero España no ha podido dar todavía ese paso por las dudas sobre su constitucionalidad. A finales de enero de 2025, el Consejo de Ministros acordó la primera remisión del texto a las Cortes Generales por vía de urgencia y autorizó también la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado tratado. No obstante, solo una semana más tarde, el PP presentó un recurso de constitucionalidad contra el Tratado por considerar que uno de sus artículos, el que dispone que “un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”, es incompatible con la Carta Magna. El 12 de febrero del mismo año, el pleno del Senado aprobó el recurso de inconstitucionalidad contra el Tratado, con los votos favorables del PP (que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta), UPN y Vox y los votos en contra del PSOE y el resto de sus habituales socios parlamentarios. Asimismo, el Tribunal Constitucional aceptó un mes más tarde el requerimiento formulado por la Cámara Baja. El Grupo Socialista había asegurado, en contra de los argumentos del PP, que la Constitución no prohíbe expresamente la presencia de miembros no pertenecientes al Gobierno en los Consejos de Ministros y recordó que no es infrecuente la presencia de representantes extranjeros en las reuniones gubernamentales de otros países europeos e incluso que el propio Pedro Sánchez ha asistido a reuniones del Gobierno alemán. Finalmente, el Tratado fue rechazado el 15 de mayo de 2025 por el Pleno del Congreso de los Diputados a causa de los votos en contra del Partido Popular, que insistió en la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre este texto antes de cualquier aprobación, y de la abstención de Junts y de Podemos. El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional optó por no pronunciarse sobre el recurso presentado previamente por el Senado por iniciativa del PP por considerar que el ‘no’ parlamentario impedía la validación del texto. El Tratado solo podrá ser ratificado cuando cuente con el apoyo de las dos Cámaras, pero, pase lo que pase en las Cortes Generales, el futuro de este texto depende de lo que decida el Tribunal Constitucional. Para intentar salvar el Tratado, los ministros de Exteriores de ambos países acordaron, mediante cartas intercambiadas los pasados 6 y 10 de abril de 2026, “la interpretación del artículo 2.4 del Tratado”. Una vez alcanzado ese acuerdo interpretativo, el Consejo de Ministros volvió a remitir el acuerdo a las Cortes”. No se ha precisado en qué consiste exactamente la “interpretación” del citado artículo.

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