Amnistía Internacional denuncia la criminalización de las manifestaciones pro palestinas en España

Eduardo González Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la criminalización de las manifestaciones en favor de los derechos palestinos en España, tanto en los acontecimientos deportivos, como partidos de baloncesto o la Vuelta Ciclista, como en otras actividades. “En España, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de la Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros y, en algunos casos, incluso de decenas de miles”, denunció esta semana la organización en un comunicado. “El mero hecho de protestar también puede derivar en una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta”, prosiguió. El ejemplo más reciente ha sido la actuación policial durante la celebración en Alcobendas (Madrid) de la Copa del Mundo de Escalada, del 28 al 31 de mayo, en el contexto de las protestas contra la participación del equipo de Israel. “Un equipo de observación desplegado por Amnistía Internacional constató cómo agentes de la Policía Nacional identificaron y amenazaron con sanciones bajo la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el deporte, a activistas que proferían consignas en solidaridad con Palestina”, aseguró. “Asimismo, impidieron el uso de paraguas de protección frente al sol por mostrar los colores de la bandera palestina”, añadió. Aparte, algunos asistentes al evento increparon e incluso llegaron a agredir a activistas pro palestinos, “consistiendo la respuesta policial en identificar a las propias personas agredidas”, lamentó. También recientemente, el pasado sábado 23 de mayo, activistas de la Flotilla Global Summud que habían sido interceptados en aguas internacionales por Israel y que denunciaron abusos durante su detención en Israel, “cuando llegaron al aeropuerto de Bilbao sufrieron violencia policial de forma injustificada”, aseguró la organización, que precisó que “agentes de la Ertzaintza emplearon un uso excesivo de la fuerza mediante golpes reiterados con porras a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo”. “No se trata de hechos aislados, sino del reflejo de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década”, advirtió Amnistía, que, aseguró, ha documentado “al menos 95 casos violaciones al derecho a la protesta en el contexto de manifestaciones pro palestinas celebradas en España desde octubre de 2023”. “Las restricciones a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión pacífica”, denunció Amnistía, siguen vigentes en España a través la Ley de Seguridad Ciudadana —“la conocida como ´ley mordaza’”— y de algunos artículos del Código Penal. Aparte, “en los últimos años se han agravado con un fenómeno nuevo: la aplicación de la ley contra la violencia en el deporte para sancionar protestas pacíficas, especialmente en el contexto de las movilizaciones en solidaridad con la población palestina”, advirtió. La Vuelta Ciclista Según AI, “desde octubre de 2023, portar una bandera palestina ha sido suficiente para ser expulsado de estadios o recintos deportivos e incluso sancionado”. “Lo que comenzó como decisiones puntuales se ha convertido en una práctica más amplia, en la que una norma diseñada para prevenir la violencia, el racismo o la xenofobia en el deporte se utiliza para limitar expresiones políticas pacíficas”, denunció. El caso más significativo, recordó, se produjo durante la Vuelta Ciclista a España de 2025. “A lo largo de distintas etapas, activistas y ciudadanos se movilizaron para protestar contra la participación del equipo Israel–Premier Tech y para denunciar el genocidio en Gaza”, pero “la respuesta de las autoridades fue contundente”, aseguró. “Al menos 30 personas fueron detenidas y 108 enfrentan expedientes sancionadores, de los cuales 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte. Las sanciones ya impuestas ilustran el alcance punitivo de esta respuesta: 27 multas de 300 euros en Ponferrada; cinco multas de 3.000 euros, y una de 60.000 euros en Pontevedra”, precisó. Aparte, según AI, la aplicación de esta ley no se ha limitado al ciclismo. En Valencia, cinco activistas fueron sancionados por protestas vinculadas a partidos de baloncesto contra equipos israelíes, con multas que oscilan de los 1.500 a 5.000 euros por la aplicación de la Ley contra la Intolerancia en el deporte, en un contexto en el que una concentración pacífica terminó con cargas policiales, uso de gas y detenciones. Una de estas activistas también fue sancionada con 600 por ciento por la Ley Mordaza, por la infracción de desobediencia. Este patrón, según Amnistía, se repite fuera del ámbito deportivo. En la Universidad de Sevilla, el 11 de junio de 2024, estudiantes que participaron en un encierro pacífico para exigir la ruptura de vínculos académicos con instituciones israelíes fueron desalojados por la policía y uno de ellos está a la espera de juicio, enfrentando una petición de dos años de prisión. Más recientemente, la Delegación de Gobierno de Madrid sancionó con multas de 700 por ciento por la Ley Mordaza a doce personas que realizaron una perfomance a las puertas de la Feria de Armas en Madrid en mayo de 2025, para visibilizar el rechazo a la industria militar. También en Madrid, durante una protesta ante la embajada de Egipto en julio de 2025, varias personas fueron detenidas tras una intervención policial que incluyó empujones y golpes contra manifestantes, algunos de ellos de edad avanzada. Para Amnistía Internacional, “estos casos evidencian un patrón preocupante: acciones de desobediencia civil no violenta están siendo tratadas como infracciones graves o incluso como delitos, cuando solo son el ejercicio de derechos humanos por parte de sus protagonistas”.

Related Content

El Gobierno condena el ataque al contingente español en Líbano y pide el procesamiento de los responsables

Sánchez volverá a coincidir con el Papa durante su encuentro con migrantes en Gran Canaria

Madrid acogerá el 1 de julio el Diálogo Ministerial OCDE-América Latina y el Caribe

El Defensor del Pueblo pide a la Policía que no se expulse a extranjeros en proceso de regularización

Marlaska reitera el rechazo de España a la creación de centros de retorno en terceros países