La Flotilla exige a los gobiernos implicados que intenten “sin ambigüedades” la liberación de Alicia Armesto y el resto de detenidos en Libia

Eduardo González La Global Sumud Flotilla ha exigido este jueves a los gobiernos de los diez activistas de la llamada Global Sumud Land que fueron detenidos el pasado 24 de mayo por las autoridades del este de Libia mientras cargaban ayuda humanitaria para Gaza, incluida la española Alicia Armesto Núñez, que “intervengan de inmediato y sin ambigüedades” para conseguir su liberación y para garantizarles acceso consular. Fuentes de Exteriores han insistido a The Diplomat, al igual que a principios de esta semana, en que “la Embajada de España en Libia está siguiendo el caso y va a enviar al cónsul tan pronto como las autoridades libias lo permitan”. Según un comunicado de la Flotilla, el Convoy Terrestre Global Sumud se vio obligado a concluir su misión humanitaria terrestre a Gaza tras una serie de “obstáculos”, como “la guerra burocrática, la violencia contra participantes desarmados y pacíficos y la detención de diez personas que intentaron reunirse con las autoridades del este de Libia para negociar el paso seguro del convoy hacia Egipto”. El convoy, con 230 participantes de más de 20 países, incluidos médicos, ingenieros, educadores, abogados y ecoconstructores, junto con sieteambulancias, 20 casas móviles y diez camiones de ayuda cargados con suministros salvavidas, estaba destinado a la población civil de Gaza y viajaba por el norte de África en coordinación con la misión marítima de la Flotilla Global de Sumud. “Después de meses de comunicación previa e intentos repetidos de negociación, incluyendo garantías de paso seguro, el convoy fue bloqueado por las autoridades libias orientales en Sirte”, prosiguió. En los meses previos al lanzamiento del Convoy Terrestre Global de Sumud, se enviaron solicitudes de autorizaciones, permisos y garantías para un paso seguro desde Mauritania hasta el Cruce de Rafah, en Egipto, a más de 20 gobiernos, incluidos Libia y Egipto. Este último respondió positivamente y aconsejó a los organizadores coordinar esfuerzos con organizaciones locales de la Media Luna Roja en su calidad de intermediarias entre el Convoy Terrestre Global de Sumud y las autoridades en Egipto y Libia. Sin embargo, cuando el Convoy Terrestre estaba cerca de Sirte, los organizadores recibieron una declaración pública emitida por las autoridades del este de Libia el 14 de mayo de 2026 en la que se exigía al Convoy Terrestre transferir la ayuda humanitaria a la Sociedad de la Media Luna Roja Libia y se les informó de que solo ciudadanos libios podrían escoltar la ayuda hasta el paso fronterizo de Sallum, “atribuyendo estas órdenes a las autoridades egipcias”. “De buena fe y en consonancia con la responsabilidad moral de garantizar que la ayuda vital y los especialistas lleguen a la población sitiada de Gaza lo antes posible”, el Convoy Terrestre desplegó una delegación el 19 de mayo de 2026 para entregar su respuesta por escrito a las autoridades del este de Libia, acordando transferir la ayuda humanitaria a la Media Luna Roja Libia, que garantizaría su entrega a través del paso de Rafah. Cuando pasó el plazo acordado y no se recibió respuesta de las autoridades ni de la Sociedad de la Media Luna Roja Libia, el 24 de mayo, una delegación negociadora de diez miembros procedió a discutir los términos acordados tal y como habían sugerido previamente las autoridades del este de Libia. En cambio, se les ordenó embarcar en furgonetas blancas sin distintivos y trasladarse a un lugar desconocido. “La comunicación con los negociadores se cortó de inmediato y no se conoció información sobre su situación hasta que las autoridades del este de Libia anunciaron su detención al día siguiente”, cuando fueron acusados de violar los "procedimientos de permisos de entrada". Los negociadores detenidos, entre los que se incluyen dos médicos, son: Alicia Armesto Núñez (española, miembro del Sindicato de Periodistas), Laura Kwoczała (Polonia), Jenelle Jones (EEUU), la doctora María Paula Giménez (Argentina), el doctor Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Ashraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone (Italia) y Leonarda Alberizia (Italia). Según la Flotilla, la detención de civiles desarmados por intentar comunicarse con autoridades locales y una organización humanitaria como parte de un proceso previamente acordado, tras repetidos intentos de obtener permisos y facilitar el paso, “constituye una violación del derecho internacional de derechos humanos y humanitario”. “Cabe destacar que estas violaciones ocurrieron en el contexto de mediaciones de la Media Luna Roja Libia, miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja/Media Luna (FICR)”, advirtió. Por todo ello, la Flotilla Global de Sumud condena el uso de la violencia contra sus participantes y la detención de sus negociadores como violaciones del derecho internacional y exige “la liberación incondicional e inmediata de los diez negociadores”. Asimismo, hace “un llamamiento a los gobiernos de cada país cuyos nacionales estén entre los detenidos para que intervengan de inmediato y sin ambigüedades” y exige que “se mantenga el acceso consular de todos los gobiernos pertinentes a los diez negociadores detenidos”. También reclama el “pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario, incluidas las protecciones otorgadas a los actores humanitarios civiles bajo la Cuarta Convención de Ginebra”. El pasado lunes, la Flotilla instó a los gobiernos de España, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Portugal, Túnez e Italia a que “se pongan en contacto urgentemente con las autoridades del este de Libia en Bengasi y exijan la liberación incondicional de sus nacionales y la garantía de un paso seguro para esta misión humanitaria”. Tanto ese día como este jueves, fuentes de Exteriores aseguraron a The Diplomat que “la Embajada de España en Libia está siguiendo el caso y va a enviar al cónsul tan pronto como las autoridades libias lo permitan para prestar toda la asistencia que la española afectada pudiera necesitar”.

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