Exteriores elude las denuncias de Sumar sobre los presos políticos saharauis en Marruecos

Eduardo González El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha limitado a proclamar que “los derechos humanos son un principio rector de la política exterior” para sortear una pregunta parlamentaria de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo de coalición, sobre cuáles son las actuaciones del Gobierno para no convertirse en “cómplice de la represión” y del “trato discriminatorio y racista” ejercido por Marruecos contra los presos políticos saharauis. En una pregunta por escrito registrada el pasado 9 de abril, las diputadas Teslem Andala Ubbi (de origen saharaui y más conocida como Tesh Sidi) y Alda Recas Martín, de Más Madrid y del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, denunciaron, a partir de las informaciones de la Liga para la Protección de Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), las “vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales” que sufren los “presos políticos saharauis en la prisión de Ail Melloul 1, en Agadir, como “la negación del acceso a la educación, la ausencia de atención sanitaria adecuada, el aislamiento, las restricciones en las comunicaciones con el exterior y unas condiciones de reclusión degradantes y marcadamente discriminatorias”. Según Sumar, “estos hechos no son aislados, sino que se insertan en un régimen sistemático de represión contra el pueblo saharaui por parte del Estado marroquí, caracterizado por prácticas de violencia institucional, criminalización del activismo político y estudiantil, y un patrón sostenido de discriminación racial que responde a una lógica colonial aún vigente en el Sáhara Occidental ocupado”. “La situación de las personas presas saharauis constituye una expresión extrema de racismo estructural, donde la negación de derechos básicos se convierte en herramienta de castigo político y de dominación sobre un pueblo que continúa reclamando su derecho inalienable a la autodeterminación”, prosigue Sumar. “La responsabilidad del Estado español en este contexto”, advierte, “no puede obviarse, en tanto que es legalmente responsable del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y actor clave en la legitimación internacional de las relaciones con Marruecos, lo que obliga a adoptar una posición activa frente a estas vulneraciones de derechos humanos”. Por todo ello, Sumar pregunta “qué acciones concretas está llevando a cabo el Gobierno para denunciar ante instancias internacionales el trato discriminatorio y racista hacia la población saharaui encarcelada por parte del Estado marroquí recogidas por organizaciones como la Liga para la Protección de Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS)”. Asimismo, la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz pregunta “qué acciones tiene previstas llevar a cabo el Ejecutivo para la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui y para garantizar que el Estado español no sea cómplice de la represión y criminalización del pueblo saharaui”. En su respuesta, firmada el 13 de mayo y publicada trece días después por el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), el Ejecutivo asegura que “los derechos humanos son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España, y como tal se promocionan y defienden, tanto de manera global como en casos particulares, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, bilateralmente y a través de los mecanismos apropiados de la Unión Europea”. Asimismo, afirma que, “en el punto 13 de la Declaración Conjunta suscrita tras la Reunión de Alto Nivel con Marruecos del pasado 4 de diciembre, ambas partes recuerdan que los principios de soberanía nacional e integridad territorial y la protección de los derechos humanos son piedras angulares de la convivencia pacífica entre los pueblos”. Proposición no de Ley La situación del Sáhara Occidental se ha convertido en el principal punto de fricción internacional entre los dos componentes del Ejecutivo de coalición desde la decisión del presidente Pedro Sánchez de avalar el plan de autonomía propuesto por Rabat. En este marco, el Grupo Parlamentario Sumar presentó el pasado 6 de mayo una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a “denunciar por los cauces oportunos la situación en la que se encuentran los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos”. Según la moción, “durante cinco décadas, organismos internacionales, mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos han documentado un patrón continuado de represión sistemática del Reino de Marruecos contra la población civil saharaui, en particular contra quienes defienden de forma pacífica el derecho de autodeterminación”. “Lejos de tratarse de hechos aislados, las evidencias apuntan a la existencia de prácticas estructurales que podrían constituir graves violaciones de los Derechos Humanos”, prosigue la formación minoritaria en el Gobierno de coalición. Por ello, la Proposición no de Ley, entre cuyos autores figura la citada Tesh Sidi, pide al Ejecutivo que reclame la “liberación inmediata” o, en todo caso, que exija “un proceso justo y unas condiciones dignas durante su detención, de conformidad con lo establecido por el Derecho Internacional, garantizando, entre otras cuestiones, los derechos fundamentales, el fin del aislamiento en celdas individuales y la debida atención sanitaria”.

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