España y otros 15 Estados miembros rechazan recortes a la política de cohesión, la PAC y la PPC en el próximo marco financiero plurianual

Ane Barcos La coalición de 16 Estados miembros denominada “Amigos de la Cohesión” emitió una declaración conjunta en la que aboga por un marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 con más recursos para la política de cohesión, la política agrícola común y la política pesquera común, así como mecanismos de financiación basados en nuevos recursos propios y deuda conjunta, preservando además la capacidad de los Estados miembros para decidir la asignación y gestión de los fondos. Según explicó el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, se trata de “una declaración muy ambiciosa” que recoge la orientación defendida por el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con un marco financiero plurianual “verdaderamente ambicioso”, orientado a financiar bienes públicos europeos que incluyen la seguridad y la defensa, así como las transiciones verde, digital y social, compatibilizando esa financiación con la preservación de la política de cohesión y la política agrícola común. El texto, adoptado en el marco de la reunión del Consejo de Asuntos Generales, indica que, en la propuesta de la Comisión Europea, la Política de Cohesión, la PAC y la PPC “son las únicas políticas que se enfrentan a recortes en términos reales, a pesar del aumento global del volumen del nuevo MFP”. Estas políticas, destaca la declaración, “contribuyen de manera significativa a los objetivos clave de la UE y sus objetivos basados en el Tratado siguen siendo plenamente pertinentes”, y añade que “la Política de Cohesión y la PAC son las políticas de la UE con mayor visibilidad para sus ciudadanos”. Los firmantes —Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, España, Croacia, Hungría, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia— señalan asimismo que “la programación de las asignaciones, especialmente al inicio del período de programación y en la revisión intermedia, debe seguir siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros”. El texto añade que “unas condiciones de ejecución realistas y favorables son esenciales para respaldar las inversiones a largo plazo”, y vincula esa exigencia al mantenimiento de elementos como la regla de liberación de compromisos y niveles adecuados de prefinanciación y cofinanciación. También plantea límites a la utilización de la política de cohesión como herramienta de respuesta a crisis, al indicar que “la propuesta de reservar el 10% para crisis debería reducirse” y que “la reprogramación de las medidas en curso del Plan debería seguir siendo una opción voluntaria para los Estados miembros”. Asimismo, la declaración indica que “los Amigos de la Cohesión están abiertos a debatir propuestas de nuevos recursos propios”, y que “un esquema más gradual de reembolso de Next Generation EU y nueva deuda conjunta para el apoyo a préstamos deben considerarse opciones viables para financiar inversiones y bienes públicos europeos”.

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