Sumar aprieta las clavijas al Gobierno en relación con el Sáhara Occidental

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso ha presentado dos iniciativas parlamentarias para presionar al Gobierno en relación con la situación del Sáhara Occidental, el principal punto de fricción internacional entre los dos componentes del Ejecutivo de coalición desde la decisión del presidente Pedro Sánchez de avalar el plan de autonomía propuesto por Rabat. Las dos iniciativas están relacionadas con la situación de los presos políticos y con el uso de armamento de origen israelí durante los ataques marroquíes contra objetivos civiles. Por una parte, la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz presentó el pasado 6 de mayo una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a “denunciar por los cauces oportunos la situación en la que se encuentran los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos”. El texto, entre cuyos autores figura la diputada de origen saharaui Teslem Andala Ubbi (más conocida como Tesh Sidi), pide al Ejecutivo que reclame la “liberación inmediata” o, en todo caso, que exija “un proceso justo y unas condiciones dignas durante su detención, de conformidad con lo establecido por el Derecho Internacional, garantizando, entre otras cuestiones, los derechos fundamentales, el fin del aislamiento en celdas individuales y la debida atención sanitaria”. Según la moción, “durante cinco décadas, organismos internacionales, mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos han documentado un patrón continuado de represión sistemática del Reino de Marruecos contra la población civil saharaui, en particular contra quienes defienden de forma pacífica el derecho de autodeterminación”. “Lejos de tratarse de hechos aislados, las evidencias apuntan a la existencia de prácticas estructurales que podrían constituir graves violaciones de los Derechos Humanos”, prosigue la formación minoritaria en el Gobierno de coalición. Concretamente, los presos políticos saharauis se encuentran “distribuidos en varias prisiones marroquíes (Kenitra, Tiflet, Ait Melloul, Tan-Tan, Marrakech, etcétera), lo que dificulta la comunicación con sus familias y agrava su sufrimiento psicológico y socia”, las administraciones penitenciarias siguen imponiendo el “aislamiento en celdas individuales” a algunos presos y los reclusos “enfrentan restricciones crecientes en cuanto a las visitas familiares, cuyas solicitudes son a menudo rechazadas o sometidas a condiciones arbitrarias”. Aparte, denuncia Sumar, las comunicaciones telefónicas “son muy limitadas, interceptadas y, en ocasiones, son cortadas sin justificación”, las administraciones penitenciarias aplican una “política sistemática de acoso mediante la confiscación de efectos personales, como libros y ropa” y, con respecto a su situación sanitaria, se han registrado casos de “negligencia médica sistemática” y de “grave deterioro de la salud física y mental” a causa de “las condiciones en que se encuentran”. Ataques marroquíes con armas israelíes Por otra parte, Sumar registró el pasado 11 de mayo una pregunta parlamentaria por escrito al Gobierno en la que asegura que, “desde el 13 de noviembre de 2020, cuando Marruecos rompió el alto el fuego firmado con el Frente Polisario en 1991 y se decretó el estado de guerra”, las autoridades de Rabat han cometido “numerosas atrocidades tanto en las zonas ocupadas mediante asesinatos a civiles como con el uso de drones de procedencia israelí contra población no combatiente”. Pese a ello, lamenta, el Ministerio de Exteriores se ha limitado a condenar públicamente a través de la red social 'X' “el reciente impacto de tres proyectiles en las afueras de la ciudad de Esmara, situada en el norte del territorio del Sáhara Occidental, sin víctimas mortales, reivindicado por el Ejército de Liberación Popular Saharaui”. “Debe recordarse que la acción que ha condenado el ministerio de Exteriores en su comunicado no colisiona con las normas del derecho internacional humanitario, tras ese ‘alto el fuego’, es decir, se ha tratado de un ataque contra una instalación militar en el marco de un conflicto armado, respetándose los principios de proporcionalidad, precaución y distinción sin que existan afectaciones a la población civil”, advierte Enrique Santiago, portavoz de IU, ponente de la pregunta parlamentaria junto a otros diputados de Sumar. “En contraste, los ataques marroquíes, en su gran mayoría, no han recibido condena por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual revela una parcialidad dolorosa y dañina para el bienestar y futuro de la población saharaui y el único representante legítimo de sus intereses, el Frente Polisario”, denuncia la formación de Díaz. Este hecho, advierte, es “más grave aun cuando se recuerda que España, a ojos del derecho internacional, sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental”. Por todo ello, Sumar pregunta “en cuántas ocasiones ha condenado el Ministerio de Asuntos Exteriores los ataques de Marruecos contra población civil” y en “cuántas ocasiones ha condenado el Ministerio de Asuntos Exteriores los ataques de Marruecos que emplean drones de procedencia israelí”. Asimismo, pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que se pronuncie sobre “la colaboración militar entre Marruecos e Israel, país sobre el que mantiene un embargo de armas y que condena frecuentemente” y pregunta al Departamento de José Manuel Albares “qué justifica la diferente posición sobre hechos similares, como los ataques a la población civil, que mantiene sobre Israel frente a la que mantiene sobre Marruecos”.

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