España inicia el proceso legal para retirar a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales

Eduardo González El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha el proceso para retirar a Gibraltar de la lista española de paraísos fiscales, en la que figuraba desde 1991. El ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, ha celebrado este paso “largamente esperado y muy bienvenido por parte de España”, que representa “una buena noticia” para “las numerosas empresas y particulares de ambos lados de la frontera cuya vida laboral se ha visto afectada por esta calificación desfasada”. Gibraltar figuraba en la lista española desde el Real Decreto 1080/1991, de julio de 1991, que calificó al Peñón como paraíso fiscal, una calificación que se ha mantenido a lo largo de 35 años pese a la inclusión del Peñón en la “lista blanca” de la OCDE desde 2009 y a la decisión de la Comisión Europea, en marzo de 2024, de sacar a Gibraltar de su propia lista negra contra el blanqueo de capitales, en la que figuraba desde diciembre de 2020. El Ministerio de Hacienda español ha publicado el borrador de la Orden Ministerial que retiraría formalmente a Gibraltar de la lista española de “jurisdicciones no cooperativas” en materia fiscal. El texto incluye en el mismo sentido a Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago y mantiene como paraíso fiscal a Rusia. El borrador de la Orden ha sido sometido a una consulta pública de siete días hábiles, abierta el 22 de mayo de 2026 y que se cierra el 1 de junio de 2026, y el texto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En un comunicado, el Gobierno de Gibraltar ha valorado “positivamente” esta decisión del Ministerio de Hacienda. “Es un paso largamente esperado y muy bienvenido por parte de España”, declaró Fabián Picardo. “Durante 35 años, Gibraltar ha cargado con la etiqueta de paraíso fiscal. Esa etiqueta era injusta. Lo era cuando se aplicó por primera vez en 1991 y se hizo cada vez más difícil de justificar a medida que desarrollábamos uno de los centros financieros más transparentes y mejor regulados del mundo. España ha iniciado ahora el proceso para corregir el relato”, añadió. Según Picardo, España se había comprometido a retirar a Gibraltar de la lista una vez transcurridos dos años desde la entrada en vigor del Tratado Fiscal sobre el Peñón, ratificado por Madrid y Londres en marzo de 2021 (el primer Tratado sobre el Peñón desde el de Utrecht de 1713), pero finalmente no lo hizo “en el plazo previsto”. “El compromiso adquirido en 2021, cuando firmamos el Acuerdo Internacional, fue claro: retirar a Gibraltar de la lista”, aseguró Picardo. “Ha tardado más de lo que debería y ese retraso ha tenido consecuencias reales para nuestra economía y nuestra reputación, pero lo importante ahora es que España está cumpliendo con su palabra”, destacó. “Es una buena noticia para Gibraltar, para nuestro sector de servicios financieros y para las numerosas empresas y particulares de ambos lados de la frontera cuya vida laboral se ha visto afectada por esta calificación desfasada”, añadió. La decisión de Hacienda se produce a apenas dos meses de que empiece aplicarse el acuerdo que establece el marco jurídico de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, que prevé, entre otras medidas, la eliminación de la Verja y la supresión de los controles de pasaporte entre ambos territorios y que España asuma los controles del espacio Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, así como la decisión final sobre permisos de residencia. Según el Gobierno, el acuerdo permitirá consensuar una armonización fiscal por fases con tipos europeos, incluyendo el tabaco, que se extenderá a los impuestos especiales sobre carburantes y bebidas alcohólicas. Asimismo, Gibraltar implementará un impuesto indirecto parecido al IVA español y nunca inferior al mínimo europeo, fijado en el 15 por ciento. “Es decir, los niveles de imposición indirecta en Gibraltar se alinearán desde la entrada en vigor del acuerdo con la normativa europea para garantizar la igualdad de condiciones y evitar distorsiones del mercado”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante el Congreso.

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