Albares denuncia que los ataques contra objetivos médicos causaron en 2025 casi 2.000 muertes en Sudán, Palestina o Ucrania

Eduardo González El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha denunciado este lunes que, pese a los diez años transcurridos desde la primera condena internacional de los ataques contra personal sanitario e instalaciones médicas en conflictos armados, solo en 2025 se registraron 1.348 ataques contra instalaciones médicas que provocaron la muerte de casi 2.000 personas, entre personal sanitario y pacientes, en países en conflicto como Sudán, Palestina o Ucrania. “El décimo aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hito histórico en la defensa del derecho internacional humanitario y muy especialmente en la protección del personal médico y sanitario y de las instalaciones sanitarias en los conflictos armados”, pero, “desgraciadamente, es un tema de demasiada actualidad”, afirmó el ministro durante la inauguración del acto “La protección de la misión médica en el décimo aniversario de la resolución 2286”, celebrado en la sede del Ministerio en Marqués de Salamanca (Madrid). “España impulsó este texto”, que “nació del clamor de la comunidad internacional ante los ataques sistemáticos contra hospitales, contra centros de salud, contra ambulancias, contra profesionales sanitarios”, prosiguió. “Esta resolución se aprobó por unanimidad, fue patrocinada por 85 países y tenía el objetivo de crear un compromiso firme con garantizar que la misión médica nunca sea un objetivo de guerra, y, sin embargo, diez años después vemos con profunda preocupación que ese compromiso no se cumple”, advirtió. “En escenarios como Sudán, como Palestina, como Ucrania, la resolución ha quedado reducida a una mera declaración de intenciones y los datos de la Organización Mundial de la Salud y de organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, son contundentes”, denunció. “Cientos de profesionales sanitarios han perdido la vida en los últimos años, en Sudán, en Myanmar, en Palestina, en Ucrania, en otros contextos de conflicto que podríamos enumerar”, prosiguió. “Sólo el año pasado”, aseguró, “hubo 1.348 ataques contra instalaciones médicas que provocaron la muerte de casi 2.000 personas entre personal sanitario y pacientes”. Según el ministro, “no son daños colaterales: seamos claros, son ataques deliberados, cada vez más frecuentes, contra la población civil y contra las infraestructuras que sostienen su supervivencia”. “La destrucción de hospitales e instalaciones sanitarias es, sin duda alguna, una de las fórmulas más crueles de violencia”, porque “no sólo causa víctimas inmediatas, condena a miles de personas a vivir sin atención médica básica, dificulta la recuperación tras los conflictos, erosiona la confianza en las instituciones y obstaculiza la reconciliación y la paz”, insistió. “La guerra contra infraestructuras civiles es una guerra directamente contra los civiles” y para “impedir y prevenir estos ataques, la resolución 2286 exige a los Estados revisar procedimientos militares, garantizar la identificación de instalaciones sanitarias, formar a sus Fuerzas Armadas en derecho internacional humanitario e investigar de manera independiente los ataques, pero la realidad es que la impunidad sigue siendo la norma”, advirtió Albares. “Las investigaciones de los ataques contra la misión médica suelen ser escasas y en muchas ocasiones completamente inexistentes, los responsables es rarísimo que comparezcan ante la justicia y el uso de nuevas tecnologías, muy en especialmente los drones de bajo coste, multiplica el número de víctimas civiles”, denunció. Aparte, “el Consejo de Seguridad, paralizado por vetos cruzados, no está cumpliendo su función de supervisión y sin rendición de cuentas no va a haber protección real de la misión médica”, insistió. “Los principios humanitarios de neutralidad, de imparcialidad, de humanidad e independencia están en entredicho y los trabajadores médicos y sanitarios son cada vez más estigmatizados e incluso en ocasiones, como hemos visto en Gaza, criminalizados”, aseguró Albares, quien denunció, al respecto, la existencia de “un discurso público que llega incluso en ocasiones a justificar ataques contra las infraestructuras sanitarias en nombre unas veces de la necesidad militar, en otras en abierta contradicción con los principios humanitarios de proporcionalidad, de precaución, de restricción”.

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