Sumar acusa al régimen de Irán de utilizar el contexto bélico para intensificar la represión interna

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso ha acusado al régimen de la República Islámica de Irán de haber utilizado el contexto bélico como “cobertura para intensificar de forma drástica la represión interna”, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso de la pena de muerte a unos “niveles sin precedentes”. En una Proposición no de Ley registrada el pasado 15 de abril por el diputado y exembajador de España ante la ONU Agustín Santos Maraver para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Sumar (formación minoritaria en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez) asegura que, “desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero de 2026, el régimen iraní ha utilizado el contexto bélico como cobertura para intensificar de forma drástica la represión interna”. “En pocas semanas, más de un millar de personas han sido detenidas bajo acusaciones de espionaje, sabotaje o disidencia, en una campaña dirigida fundamentalmente contra quienes mantienen vínculos con la oposición en el exterior o son señalados como colaboradores de Estados Unidos o Israel”, prosigue. Según Sumar, “la magnitud y el patrón de estas detenciones revelan una estrategia deliberada de control social bajo condiciones de guerra”. “Las autoridades iraníes han detenido a más de 170 personas acusadas de colaborar con potencias extranjeras, entre ellas 50 por transmitir información sobre infraestructuras clave y 123 por supuestamente planear actos de sabotaje”, asegura. “A estas cifras se suman 446 arrestos por publicar en redes sociales imágenes o vídeos de los ataques militares, tipificados como delito de perturbación del orden público”. Aparte, advierte, “las condiciones de detención se han deteriorado de forma extrema”. “Se han suspendido las visitas familiares y el contacto con el exterior, se deniega sistemáticamente atención médica y se han reducido drásticamente los suministros básicos”, y a ello se añade “la militarización de los centros penitenciarios, con órdenes preautorizadas de uso de la fuerza contra cualquier protesta interna, y un aumento significativo de las desapariciones forzadas, con traslados a instalaciones secretas gestionadas por la Guardia Revolucionaria”, denuncia la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Los presos enfrentan además un riesgo físico inmediato derivado de la propia guerra: varias prisiones, entre ellas la de Evin, han sido alcanzadas por proyectiles o se encuentran en las proximidades de objetivos militares, de forma que la agresión militar de Estados Unidos e Israel añade una capa adicional de peligro mortal sobre la población reclusa”, advierte. Por otra parte, Sumar denuncia que “el ritmo de ejecuciones ha alcanzado niveles sin precedentes”. “Según el reporte de la Asociación de Activistas por los Derechos Humanos en Irán, 2.488 personas han sido ejecutadas en el último año, entre ellas 63 mujeres y dos menores”, asegura. Aparte, “desde el inicio del conflicto la tendencia se ha agudizado con al menos nueve presos políticos ejecutados en pocos días, todos por cargos de naturaleza política o de seguridad del Estado, sin que se haya registrado durante ese periodo ninguna ejecución por delitos comunes”, denuncia. “Este patrón, junto con el traslado a régimen de aislamiento de al menos seis reclusos en la prisión de Qezl-Hesar, medida que en la práctica judicial iraní suele preceder a una ejecución inminente, apunta a un uso deliberado de la pena de muerte como instrumento de represión política al amparo de la guerra”, añade. Por todo ello, la Proposición no de Ley pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que inste al Gobierno iraní “a aplicar una moratoria inmediata en la aplicación de la pena de muerte mientras no existan garantías jurídicas y procesales reconocidas internacionalmente y en especial por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Asimismo, reclama al Gobierno que pida “la liberación inmediata de todas las personas detenidas por el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional, incluyendo la libertad de expresión y el acceso a la información, así como el cese de las detenciones arbitrarias vinculadas al contexto bélico”.

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