Roberto Veiga González es abogado y politólogo, y colaborador de la Fundación Alternativas
Históricamente, la Unión Europea ha operado bajo la premisa de que el libre mercado y un orden multilateral basado en normas bastaban para garantizar la prosperidad. No obstante, en este 2026 el diagnóstico es ineludible: el centro de gravedad del poder global se ha desplazado de la hegemonía militar hacia la seguridad económica. Como ha advertido la alta diplomacia europea, si Europa aspira a preservar su modelo de bienestar, sus valores democráticos y su autonomía, debe dejar de actuar como el árbitro de un partido que sus competidores ya no juegan con limpieza. La Unión debe, finalmente, asumir su rol de jugador; porque en la geopolítica moderna, el vacío que la Unión no llene, lo llenarán sus rivales.
La transformación en una potencia geoeconómica no es una opción estética, sino una cuestión de supervivencia sistémica. La UE ya no puede permitirse ser meramente un mercado abierto; debe ser un actor capaz de imponer costes a quienes intenten coaccionarla. Esta transición exige un cambio de paradigma, o sea, la revalorización estratégica de los activos europeos. Una Europa soberana no solo retiene riqueza, sino que dota al euro de un atractivo renovado y crea un ecosistema donde el talento no se vea empujado al exilio. Sin embargo, esta soberanía no debe construirse solo para las cifras del PIB, sino como un contrato social renovado que garantice que la potencia económica se traduzca en cohesión social y derechos para su ciudadanía.
Actualmente, la fuga de empresas tecnológicas le cuesta a Europa aproximadamente dos puntos de crecimiento del PIB anual. El problema no es la falta de talento, sino la ausencia de un “sistema operativo” eficaz. Mientras Estados Unidos ofrece una pista de despegue integrada, Europa sigue fragmentada en 27 hangares nacionales. Para avanzar, es imperativo diagnosticar los lastres estructurales, empezando por el sector de la defensa. Operar con veintisiete ejércitos independientes deriva en una ineficiencia sistémica. Europa gasta como una potencia, pero actúa como una suma de vulnerabilidades, perpetuando una dependencia crítica de terceros que hoy se revela insuficiente y condicional.
En segundo lugar, emerge el déficit de velocidad. Mientras China y Estados Unidos despliegan subsidios estratégicos en meses, el proceso deliberativo de la UE, a menudo lastrado por un exceso de precaución, suele llegar tarde. Para cuando Bruselas logra consensuar un marco normativo en inteligencia artificial o biotecnología, los competidores globales ya han capturado el mercado. A esto se suma la vulnerabilidad material. La desconexión del gas ruso fue solo el primer paso; la dependencia de suministros críticos, unida a la falta de infraestructuras físicas que conecten verdaderamente el continente —transformando a la Península Ibérica en el pulmón verde e interconectado que requiere el corazón industrial alemán—, convierte la ambición de autonomía en un frágil empeño.
La reversión de estos déficits exige movimientos de una audacia sin precedentes. Primero, la culminación de la Unión de Mercados de Capitales para financiar gigantes tecnológicos desde suelo europeo. Segundo, la creación de un Código Mercantil único que simplifique la escala intracomunitaria. Y tercero, un poder de compra estratégico que convierta al Estado, no en un consumidor pasivo, sino en un cliente exigente y visionario. Bajo la lógica de la “doctrina Borrell”, la soberanía contemporánea -o autonomía estratégica- se define como la capacidad técnica reforzada por la voluntad política de ejercerla, siempre enmarcada en un sistema de rendición de cuentas que legitime cada acción ante el Parlamento Europeo.
La arquitectura de decisiones debe estar a la altura. La unanimidad en política exterior representa un lastre que compromete la seguridad. La transición hacia la votación por mayoría cualificada es inaplazable. Solo una Europa capaz de reaccionar en horas poseerá una capacidad de disuasión real. Asimismo, la soberanía reside en la integración física y ecológica. La Unión debe configurar una «OTAN de la energía» que lidere la transición verde y proteja sus «nodos críticos» tecnológicos, transformando la interdependencia, de una vulnerabilidad pasiva, en una herramienta de influencia política activa y responsable.
En este 2026, la disyuntiva es binaria; o la Unión se dota de los instrumentos de una nación-estado económica o quedará reducida a ser el tablero de juego de potencias ajenas. La soberanía no es una concesión del sistema internacional; es una construcción política que emana de la escala, de la autonomía financiera y, fundamentalmente, de la voluntad de defender un modelo de vida que no renuncia a su alma social. En el nuevo orden global, la resiliencia no es solo resistencia, sino la verdadera moneda de cambio del poder europeo.
