El Gobierno vuelve a remitir a las Cortes el Tratado de Amistad con Francia tras “interpretar” su punto más polémico

Eduardo González El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 21 de abril, la remisión a las Cortes Generales del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa después de que ambas partes hayan aceptado la “interpretación” del polémico artículo que permitía la participación de miembros del Gobierno de una de las partes participar en el Consejo de Ministros de la otra, que fue rechazado por el Partido Popular y provocó su rechazo, hace casi un año, en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha solicitado este martes la tramitación del texto por el procedimiento de urgencia y ha autorizado la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Tratado. El acuerdo fue autorizado por el Consejo de Ministros el 17 de enero de 2023 y su firma tuvo lugar en Barcelona el 19 de enero de 2023, con motivo de la celebración de la Cumbre Bilateral hispano-francesa. Los ministros de Exteriores de ambos países acordaron, mediante cartas intercambiadas los pasados 6 y 10 de abril, “la interpretación del artículo 2.4 del Tratado” y, al existir el acuerdo interpretativo, “resulta necesario volver a solicitar que el Consejo de Ministros acuerde su remisión a las Cortes”. No se ha precisado en qué consiste exactamente la “interpretación” del citado artículo. El 15 de mayo de 2025, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia a causa de los votos en contra del Partido Popular, que insistió en la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre este texto antes de cualquier aprobación, y de la abstención de Junts y de Podemos. El Tratado solo podrá ser ratificado cuando cuente con el apoyo de las dos Cámaras, pero, pasase lo que pasase en las Cortes Generales, el futuro de este texto dependía de lo que decidiera el Tribunal Constitucional. Finalmente, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional optó por no pronunciarse sobre el recurso presentado previamente por el Senado por iniciativa del PP por considerar que el 'no' parlamentario impedía la validación del texto. El tratado y la polémica El “Tratado de Barcelona”, firmado el 19 de enero de 2023 en la capital catalana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la XXVII Cumbre Bilateral hispano-francesa, es el primero de estas características entre ambos países y eleva las relaciones bilaterales al máximo nivel posible, equiparable al que ya tiene España con Portugal desde la Cumbre de Trujillo de octubre de 2021. Francia ya ha ratificado el texto, pero España no ha podido dar todavía ese paso, precisamente, por las dudas sobre su constitucionalidad. A finales de enero de 2025, el Consejo de Ministros acordó la primera remisión del texto a las Cortes Generales por vía de urgencia y autorizó también la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado tratado. No obstante, solo una semana más tarde, el PP presentó un recurso de constitucionalidad contra el Tratado por considerar que uno de sus artículos, el que dispone que “un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”, es incompatible con la Carta Magna. El 12 de febrero del mismo año, el pleno del Senado aprobó el recurso de inconstitucionalidad contra el Tratado, con los votos favorables del PP (que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta), UPN y Vox y los votos en contra del PSOE y el resto de sus habituales socios parlamentarios. Asimismo, el Tribunal Constitucional aceptó un mes más tarde el requerimiento formulado por la Cámara Baja. El Grupo Socialista había asegurado, en contra de los argumentos del PP, que la Constitución no prohíbe expresamente la presencia de miembros no pertenecientes al Gobierno en los Consejos de Ministros y recordó que no es infrecuente la presencia de representantes extranjeros en las reuniones gubernamentales de otros países europeos e incluso que el propio Pedro Sánchez ha asistido a reuniones del Gobierno alemán.

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