Sumar insta al Gobierno a denunciar ante la CPI los crímenes de EEUU, Israel e Irán en el conflicto de Oriente Medio

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha instado al Gobierno a llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos, Israel e Irán en el contexto del conflicto en Oriente Medio, “con el fin de garantizar la rendición de cuentas de sus responsables”. En una Proposición no de Ley registrada el pasado 26 de marzo para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Sumar (socio minoritario en el Gobierno de Pedro Sánchez) recuerda que Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña masiva de bombardeos contra diversas ciudades de Irán como Teherán, Qom, Tabriz y Minab, a la que respondió Irán atacando la red de bases militares estadounidenses en la región, a sus aliados y a objetivos militares y civiles israelíes. Aparte, prosigue, Israel ha iniciado además una nueva invasión terrestre del Líbano. “Desde el comienzo de las hostilidades, organismos internacionales de derechos humanos y órganos de Naciones Unidas han advertido que múltiples ataques realizados por los actores beligerantes podrían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario”, advierte Sumar. “Las repercusiones humanitarias de los bombardeos han sido particularmente devastadoras en las primeras semanas del conflicto”, prosigue. “Según datos documentados por organismos internacionales de derechos humanos, más de 2.000 personas han perdido ya la vida como consecuencia directa de esta guerra”, denuncia. Entre los ataques documentados, Sumar recuerda el bombardeo a una escuela primaria en la ciudad de Minab, “que causó la muerte de al menos 175 personas, en su mayoría niñas”. “Los resultados preliminares de la investigación en curso apuntan a que el proyectil empleado fue un misil Tomahawk, armamento de fabricación y uso exclusivamente estadounidense en este conflicto”, añade. Al respecto, la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz recuerda que la ONU ha señalado que, “aun en presencia de objetivos militares en las inmediaciones, el derecho internacional prohíbe ataques que causen un daño excesivo e indiscriminado a la población civil y ha exigido una investigación para determinar si dicho ataque puede ser clasificado como crimen de guerra”. Irán y fósforo blanco en Líbano Por otra parte, Sumar advierte de que “Irán también enfrenta acusaciones de realizar ataques indiscriminados contra la población civil” y añade que “informes de medios internacionales y organismos de derechos humanos indican que las fuerzas iraníes han lanzado misiles y drones sobre áreas urbanas, lo que podría contravenir los principios de distinción y proporcionalidad consagrados en el derecho internacional humanitario”. “Las normas aplicables a los conflictos armados prohíben el empleo de armas explosivas de forma indiscriminada sobre zonas de alta densidad de población, al no permitir distinguir entre objetivos militares y civiles”, insiste. Aparte, prosigue, “el uso de fósforo blanco en zonas residenciales del Líbano constituye uno de los aspectos más graves documentados en el marco de este conflicto”. Al respecto, recuerda, Human Rights Watch ha verificado el empleo por parte de Israel de municiones de fósforo blanco mediante sistemas de artillería y medios aéreos sobre áreas urbanas y periurbanas del sur del Líbano. “El precedente de su uso documentado en Gaza refuerza la gravedad de los nuevos episodios registrados en territorio libanés y subraya la necesidad de investigar estas acciones como un posible crimen de guerra”, añade. Según Sumar, “la magnitud de las violaciones documentadas, y la previsible continuidad del conflicto, exigen una respuesta internacional inmediata”. “Diversos organismos internacionales han instado a la apertura de investigaciones independientes y al establecimiento de mecanismos eficaces de rendición de cuentas”, asegura. “Expertos y órganos de Naciones Unidas han señalado que el incumplimiento del derecho internacional humanitario por cualquiera de los actores involucrados agrava el sufrimiento humano y profundiza la inestabilidad regional” y, en este marco, los organismos humanitarios internacionales han recordado que “todos los actores beligerantes tienen la obligación, conforme al derecho internacional de los conflictos armados, de proteger a la población civil, evitar ataques indiscriminados y garantizar la investigación efectiva de los posibles crímenes de guerra cometidos o que se cometan durante las hostilidades”, concluye la exposición de motivos de la PNL. Investigaciones pertinentes Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a “exhortar a la Corte Penal Internacional al examen de la situación derivada de la guerra de agresión iniciada por Estados Unidos e Israel y a iniciar las investigaciones pertinentes sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto, con el fin de garantizar la rendición de cuentas de sus responsables”. También pide al Gobierno que reafirme “la obligación de todos los actores beligerantes de proteger a la población civil y respetar los bienes de carácter civil conforme a los Convenios de Ginebra, con especial atención a la seguridad del personal sanitario, periodístico y docente, y a la protección de las instituciones educativas como categoría especialmente tutelada por el derecho internacional humanitario”, y que promueva “en el seno de los foros multilaterales competentes, la adopción de medidas diplomáticas y humanitarias orientadas a la protección de la población civil y a la asistencia a las víctimas del conflicto, así como a apoyar los esfuerzos de mediación internacional encaminados a una resolución pacífica de las hostilidades”.

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