El PP rechaza el acuerdo comercial UE-Marruecos porque “carece del consentimiento del pueblo saharaui”

Eduardo González El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha instado al Gobierno a “rechazar” la aplicación del nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos porque “vulnera las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y carece del consentimiento del pueblo saharaui”, y a “promover la incorporación en ese acuerdo de “un mecanismo de salvaguardia agrícola, inspirado y con la misma ambición que el previsto en el Acuerdo UE-Mercosur”. En una Proposición no de Ley registrada el pasado 26 de marzo para su debate en la Comisión Mixta de la Unión Europea, el Grupo Popular recuerda que, el 2 de octubre de 2025, el Consejo de la Unión Europea aprobó un nuevo acuerdo comercial con el Reino de Marruecos que modifica varios protocolos del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, “apenas un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulara los anteriores acuerdos de pesca y agricultura por haberse firmado sin el consentimiento del pueblo saharaui”. “Dicho acuerdo, negociado en tan solo cinco días, se adoptó de manera provisional sin participación del Parlamento Europeo, lo que ha suscitado serias dudas sobre su legalidad, transparencia y coherencia con los valores fundacionales de la Unión”, prosigue la PNL. “La Comisión Europea no informó cumplida e inmediatamente al Parlamento”, lo que contraviene el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y supone “una grave vulneración de los principios de control democrático y del Estado de Derecho europeo”, advierte el PP. La sentencia del TJUE del 4 de octubre de 2024 “es clara”, según el Grupo Popular: “el Sáhara Occidental posee un estatuto jurídico separado y distinto del Reino de Marrueco” y, por tanto, “cualquier acuerdo que incluya dicho territorio requiere el consentimiento expreso de su pueblo, así como la verificación de que los beneficios derivados lleguen de forma ‘específica, tangible y verificable’ a la población saharaui”, añade. “Sin embargo, los propios representantes de la Comisión han admitido que ‘no pueden garantizar’ que esos beneficios se produzcan, lo que convierte este nuevo acuerdo en un acto contrario al principio de legalidad internacional y a las resoluciones del Tribunal”, asegura el PP. Por otra parte, el Grupo Popular considera que, “desde el punto de vista económico, el acuerdo supone una amenaza directa para el campo español”. “Nuestros agricultores, especialmente los del sureste peninsular, compiten con importaciones de productos marroquíes –muchos de ellos cultivados en el Sáhara Occidental‒ sin garantías de trazabilidad, etiquetado ni condiciones de producción equivalentes a las exigidas en la Unión Europea”, denuncia el PP. “España no puede avalar acuerdos que vulneren resoluciones judiciales europeas ni legitimen la ocupación de un territorio pendiente de descolonización, reconocido como tal por las Naciones Unidas”, advierte el texto. “El Gobierno de España, sin embargo, ha mantenido una actitud pasiva y cómplice con esta deriva”, lamenta. “Tras el giro unilateral del presidente (Pedro) Sánchez en 2022, apoyando el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, España ha perdido credibilidad y capacidad de liderazgo en la defensa de una política exterior europea basada en el Derecho Internacional”, denuncia el Grupo Popular. Según la PNL, “esta decisión, adoptada sin consenso ni debate parlamentario, ha supuesto una cesión inaceptable de una pieza central de nuestra política exterior y nuestro posicionamiento histórico respecto al Sáhara Occidental”. “Europa no puede permitirse ignorar las sentencias de su propio Tribunal ni comprometer sus principios fundacionales”, porque “la defensa del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica y de los intereses legítimos de los ciudadanos europeos debe prevalecer por encima de todo”, concluye. Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a “rechazar la aplicación del nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, en lo que vulnera las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y carece del consentimiento del pueblo saharaui, exigiendo su suspensión inmediata hasta que se garantice el cumplimiento del Derecho Internacional”, y a “promover la incorporación en el Acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos de un mecanismo de salvaguardia agrícola, inspirado y con la misma ambición que el previsto en el Acuerdo UE-Mercosur”.

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